Para algunas familias de veteranos y elementos en activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, salir de una base militar, acudir a una cita migratoria o hacer una parada en un centro comercial se ha convertido en una odisea donde el peor escenario es terminar en un vuelo de deportación. Los arrestos de cónyuges, padres y madres de militares en activo o en retiro cada día se han vuelto rutinarios en el marco de la política migratoria implementada por la administración de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.
En la mira de ICE: reportan incremento en los arrestos de familiares de veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas
Un análisis del Congreso muestra una crisis silenciosa en el interior de Estados Unidos donde cientos de exmilitares y familiares directos de elementos en activo enfrentan arrestos sorpresivos durante trámites rutinarios, órdenes de expulsión y confinamiento en centros de detención a pesar de los años de servicio prestados al país
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Hasta el momento no existe una cifra oficial de ese tipo de arrestos, pero una carta enviada por legisladores del Congreso a los titulares de los departamentos de Defensa (DoD), Seguridad Nacional (DHS) y áreas migratorias como los servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), muestra un escenario
En el documento se mencionan
- 125 veteranos detenidos: Entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, el ICE detuvo a un total de 125 exmilitares. El informe señala además que casi dos terceras partes de ellos no tenían una orden judicial activa por delitos criminales.
- 34 veteranos con procesos formales de expulsión: Del total de veteranos detenidos (125), el ICE inició procedimientos legales formales de deportación contra 34 de ellos.
- Más de 50 padres y cónyuges de militares detenidos: Informes revelan que la ofensiva migratoria también ha afectado directamente a los familiares cercanos de miembros activos del ejército, arrestando a más de 50 esposos/as y padres desde enero de 2025.
- Al menos seis familiares deportados: De esos familiares detenidos, al menos seis personas ya han sido expulsadas formalmente del país.
- 282 veteranos y familiares a los que ICE intentó deportar.
Uno de los primeros casos documentados por N+ Univisión sucedió en Newark, Nueva Jersey, el 24 de enero de 2025, contra un puertorriqueño y veterano de guerra que trabajaba en un comercio de mariscos. Los agentes migratorios lo liberaron al constatar su nacionalidad. Desde el año de 1917, todas las personas nacidas en Puerto Rico son consideradas estadunidenses. El arresto se efectuó solo cuatro días después de que Donald Trump iniciara su segundo mandato.
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El Parole in Place en la era Trump
La protección migratoria de veteranos inmigrantes, sus familiares, así como para padres, madres e hijos con diferentes situaciones migratorias de elementos en activo de las fuerzas armadas, estaba garantizada a través del permiso de permanencia temporal, conocido como Parole in Place (PIP).
Esa medida beneficiaba a cónyuges, viudos, padres e hijos de soldados, marinos, infantes de Marina, miembros de la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y a algunos integrantes de la reserva. El programa comenzó en 2007, cuando el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, autorizó a la esposa de un militar en servicio activo permanecer en Estados Unidos mientras su cónyuge estaba desaparecido en combate. Tres años después, en 2010, USCIS lo implementó formalmente.
El PIP fue creado para evitar que los familiares de militares fueran deportados o quedaran separados de sus familias mientras cumplían sus funciones, incluso en el extranjero. La medida reconoce las obligaciones y los sacrificios de las familias militares y permite que ciertos familiares que ingresaron al país sin autorización soliciten una permanencia temporal legal.
El permiso se concedía por lo general cada año, con extensiones. La persona beneficiada podía laborar y acceder a un formulario I-94 como prueba de su entrada legal al país. Uno de los principales beneficios era solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos, solo si cumplía con los requisitos establecidos.
Pero cuando Trump inició su primera gestión, cuestionó el programa. Una de las primeras acciones directas del mandatario fue una orden ejecutiva firmada en 2017, la cual restringió el uso de la libertad condicional migratoria y estableció su autorización solo al analizar caso por caso, por razones humanitarias urgentes o cuando existiera un beneficio público significativo. Aunque esa orden no eliminó directamente el PIP, puso en duda la continuidad de este tipo de protección para las familias militares.
El ataque más directo ocurrió durante el segundo mandato de Trump, a partir del 20 de enero de 2025, cuando su administración ordenó revisar y frenar varios programas de libertad condicional migratoria. La medida afectó también el procesamiento de solicitudes relacionadas con el Military Parole in Place, utilizado por ciertos cónyuges, padres e hijos de militares. Aunque en mayo de ese año la jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno reanudar el procesamiento de solicitudes de libertad condicional, renovaciones y otros beneficios migratorios, entre ellas las PIP, las solicitudes ya no fueron lo mismo.
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La ola de detenciones y deportaciones
En abril de 2026, Annie Ramos, de 22 años y esposa del sargento primero del Ejército estadounidense Matthew Blank, acudió a Fort Polk, Luisiana, para registrarse como cónyuge militar, obtener su identificación y comenzar los trámites relacionados con una tarjeta de residencia. Allí fue detenida por agentes de ICE.
Maisa Lopes Eliaser fue detenida el 8 de julio de 2026 durante una entrevista migratoria en una oficina de USCIS en Montgomery, Alabama, relacionada con su solicitud de ajuste de estatus. Su esposo, el sargento primero Alexis Jaramillo, con cerca de 11 años en el Ejército, fue trasladado de Fort Rucker, Alabama, a Fort Polk, Luisiana. Después del arresto, Jaramillo pidió un permiso para ausentarse temporalmente de sus funciones de entrenamiento y cuidar al hijo de cinco años de Eliaser. Ella fue deportada a Brasil y después regresada.
Cristy Maryori Villafranca-Trejo fue detenida en las inmediaciones de un Walmart de El Paso, cerca de Fort Bliss, mientras su hija de seis años estaba presente. Villafranca-Trejo estaba casada legalmente desde 2022 con el sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez, ciudadano estadounidense. Después de varios intentos legales para frenar su expulsión, fue deportada a Honduras el 24 de agosto de 2026. Su esposo tuvo que ausentarse parcialmente de sus labores de entrenamiento para cuidar a su hija.
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Padres de militares bajo custodia
Las detenciones también incluyen a padres de personas en servicio. En agosto de 2026, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en Key West, Florida, a Luis Manuel Aviles, padre de un marinero asignado al USS Abraham Lincoln.
El arresto ocurrió mientras su hijo cumplía una misión en Medio Oriente y participaba en una travesía de más de 250 días en el mar sin escalas. La familia había considerado que el servicio militar del hijo podía proteger al padre frente a un proceso de deportación. Después de publicarse el caso en medios de comunicación y redes sociales, fue liberado.
En diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a Julio César Peña en Glendale, California. Padecía insuficiencia renal terminal. Su hijo, Julio Peña Jr., integrante del ejército, viajó para solicitar su liberación. Peña fue hospitalizado durante su custodia y liberado en enero de 2026. A los pocos días murió.
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Las cifras entregadas al Congreso
La información disponible generada a partir de comunicaciones entre legisladores y el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, menciona que entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, ICE detuvo a 125 veteranos. Cerca de dos tercios no tenían una orden judicial penal activa. La agencia también inició procedimientos formales de expulsión contra 34 de ellos.
A estas cifras se suman más de 50 padres y cónyuges de integrantes de las Fuerzas Armadas en activo que fueron arrestados. Al menos seis fueron deportados. El DHS no ha informado cuántos militares en servicio ni cuántos familiares fueron afectados en total.
En otra comunicación enviada al Congreso se menciona que el ICE intentó deportar a 282 veteranos y familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas. La cifra incluye a personas con distintos tipos de relación con el servicio militar, por lo que no equivale necesariamente a 282 familias.
La investigación legislativa fue impulsada por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, entre ellos Elizabeth Warren y Richard Blumenthal. Los legisladores solicitaron información sobre los arrestos, los procedimientos de deportación y la coordinación entre ICE, el DHS y el Departamento de Defensa.