La campaña migratoria de la administración de Donald Trump ya no solo comprende los operativos de los agentes federales en las calles y sitios públicos en búsqueda de inmigrantes indocumentados, sino que se han ampliado los esfuerzos hacia la reevaluación de los estatus legales otorgados a inmigrantes como tarjetas de residencia (conocida como green card) o ciudadanía por naturalización.
La ofensiva migratoria de la administración Trump se amplía hacia visas, residencias y ciudadanías otorgadas
El agresivo control migratorio de la administración Trump se expande hacia la revisión del estatus legal de miles de beneficiarios de figuras como green cards, ciudadanía por naturalización o visas de todo tipo.
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Este sábado, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, afirmó que están verificando los casos de green cards entregadas en la administración Biden: "estamos poniendo orden", dijo el funcionario mientras argumentaba, sin ofrecer pruebas, que en la administración anterior demócrata "los delincuentes tenían vía libre para entrar en Estados Unidos a través de nuestro sistema de inmigración legal".
Según Edlow, se están "revisando las decisiones migratorias anteriores y corrigiéndolas cuando es necesario".
El pasado fin de semana el mismo director del USCIS había anunciado que estaban "revisando y volviendo a investigar los casos de personas a las que se les concedieron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los controles eran poco rigurosos".
Para los inmigrantes beneficiarios de estas figuras, que podían tener la tranquilidad de contar con un estatus migratorio legal, podría abrirse un período de incertidumbre.
"Ahora se lleva a cabo un riguroso proceso de verificación y estamos reabriendo estos casos antiguos", afirmó Edlow en redes sociales.
La postura se evidencia no solo están en las palabras del líder del USCIS, sino en los números de la gestión de la agencia en la entrega de tarjetas de residencia.
Para enero de 2026 la aprobación de green card llegó a solo 34,000 solicitudes, menos de la mitad de las 71,000 reportadas en julio de 2025, cuando Edlow fue confirmado al frente del USCIS, según datos oficiales recabados en un artículo de David J. Bier, experto en inmigración legal, seguridad fronteriza y control del cumplimiento de la ley en el interior del país y director de Estudios Migratorio del Instituto Cato, de Washington DC.
Sobre los años previos, la entrega de green cards durante el año fiscal 2024 alcanzo cerca de 1.4 millones de personas, lo que significó un aumento de 16% respecto a las 1.2 millones de personas beneficiadas con el estatus de residente permanente legal del año fiscal 2023, según datos recopilados por el Instituto de Política Migratoria.
Los números de 2024 casi duplicaron las 707,000 green cards entregadas en 2020, "el nivel más bajo de la última década, un período que abarcó parte del primer mandato de Trump y los primeros meses de la pandemia de Covid-19", señala el Instituto de Política Migratoria.
También naturalizados y estudiantes en la mira
Los inmigrantes que se convirtieron en estadounidenses al recibir la ciudadanía por naturalización también están en el ojo del huracán.
Cerca de casi 400 personas con ciudadanía estadounidense por naturalización están siendo investigadas por departamento de Justicia, por haber cometido un presunto fraude en el trámite para obtener ese estatus migratorio.
La atención de los agentes federales está puesta en detectar casos de fraude, como matrimonios falsos o antecedentes penales ocultos.
Edlow, director del USCIS, indica que "hemos declarado una guerra sin cuartel contra el fraude migratorio".
El número de casi 400 personas expuestas a posible revocatoria de la ciudadanía es considerable si se compara con que entre 2017 y 2025 el número de personas a quienes se les impuso esa medida de revocación fue de apenas 120.
Y entre 1990 y 2017, las desnaturalizaciones sumaron 305 casos, con un promedio de 11 por año.
Otro grupo de inmigrantes con estatus legal en el país que está siendo objeto de revisiones desde 2025 son los estudiantes, una de las categorías de visado golpeadas por la política migratoria del gobierno de Trump.
A medidados de 2025, con pocos meses del segundo mandato del presidente republicano, se conoció que 6,000 visas de estudiantes habían sido revocadas.
El departamento de Estado dijo entonces al respecto que "todas y cada una de las visas de estudiante revocadas durante la administración Trump se han producido porque la persona en cuestión infringió la ley o expresó su apoyo al terrorismo mientras se encontraba en Estados Unidos".
Para enero de 2026, el gobierno de Trump había revocado más de 100,000 visas de todas las categorías, incluyendo 8,000 de estudiantes y 2,500 visas especiales "para personas que han tenido contacto con las fuerzas del orden de EEUU por actividades delictivas", según el departamento de Estado.
La entrega de visas también retrocedió, alrededor de 20%, en el lapso de enero a septiembre de 2025, comparado con el mismo período del año anterior, a casi 46,000 visas emitidas por el departamento de Estado, según una publicación suscrita por Julia Gelatt, directora adjunta del Programa de Política Migratoria en EEUU del Instituto de Política Migratoria.
Una opinión puede arriesgar la ciudadanía
El ala más radical del partido Republicano en el Congreso también busca formas de expandir la actuación contra inmigrantes.
El representante republicano por Texas, Chip Roy, introdujo en el Congreso un proyecto de ley que busca la expulsión sistemática de ciudadanos naturalizados y residentes extranjeros basados en sus afiliaciones políticas y religiosas.
Bautizada como Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley Mamdani, como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani), la propuesta busca modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para permitir la deportación, la desnaturalización y la denegación de visados a cualquier persona vinculada al comunismo, el socialismo o el fundamentalismo islámico.
La alusión a Mamdani no es casual. El gobernante de la ciudad de Nueva York es nacido en Uganda y fue naturalizado estadounidense en 2018; es musulmán y miembro del Partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA).
Y esta semana se divulgó que al menos 300 estadounidenses nacidos en el exterior son blanco de posibles actuaciones del departamento de Justicia para despojarlos de la ciudadanía, según un reporte de NBC News.