TALLAHASSEE, Florida.- Un tribunal de apelaciones suspendió esta semana una demanda federal que buscaba el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz), ubicado en los Everglades de Florida.
Cierre de gobierno detiene demandas y mantiene abierto el Alcatraz de los Caimanes
Grupos ambientalistas demandan al gobierno y al estado por operar el centro en humedales sin revisión ambiental. El gobierno alega falta de fondos por cierre de gobierno, pero mantiene el funcionamiento del centro de detención.

La suspensión responde a una solicitud del gobierno federal debido al cierre de gobierno, que ha afectado el financiamiento del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, uno de los acusados en el caso.
El centro, construido y operado por el estado de Florida y contratistas privados, había sido señalado por los grupos ambientalistas Friends of the Everglades, Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Miccosukee, por violar leyes federales que exigen una revisión ambiental para instalaciones en humedales delicados.
En agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó el cese de operaciones en un plazo máximo de dos meses.
Sin embargo, en septiembre, un panel del Tribunal de Apelaciones en Atlanta emitió una suspensión mientras se resolvía la apelación, permitiendo que el centro continuara funcionando.
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Esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito concedió la suspensión solicitada por el gobierno hasta que el Congreso restablezca las asignaciones presupuestarias necesarias.
Aunque el gobierno federal ha aprobado un reembolso de $608 millones al estado de Florida, los abogados ambientalistas critican que existan recursos para operar la instalación, pero no para justificar legalmente su funcionamiento.
“Al parecer, el gobierno tiene suficiente dinero y personal para operar un centro de detención en el corazón de los Everglades, pero no lo suficiente para presentar un escrito ante el tribunal que justifique su comportamiento”, señaló Paul Schwiep, abogado de los grupos demandantes a AP.
Mientras tanto, otras dos demandas que impugnan la operación del centro de detención avanzan en tribunales federales de Florida, y los litigios sobre su impacto ambiental continúan generando controversia.

















