Los propietarios de armas de fuego en la ciudad de San José deberán comprar un seguro y pagar una tarifa anual para su posesión, de acuerdo con una ordenanza aprobada el martes por la noche por el Concejo municipal.
San José aprueba cobrar cuotas anuales y exigir seguro a dueños de armas: estas son 3 cosas que debes saber
El Concejo municipal aprobó una ordenanza que requerirá que los propietarios paguen un seguro por portación, además de una tarifa anual de entre $25 y $35. Los fondos se destinarían a programas enfocados en prevenir la violencia provocada por las armas de fuego.

La ordenanza, que deberá ser ratificada el próximo mes antes de entrar en vigor en agosto, demandará que los propietarios de armas paguen una tarifa anual de entre $25 y $35, así como los costos administrativos a la ciudad.
A los propietarios de armas también se les exigiría mantener un seguro de responsabilidad civil en caso de que su arma sea usada para cometer un delito o un acto violento.
“Esta noche, San José se convirtió en la primera ciudad de los Estados Unidos en promulgar una ordenanza para exigir a los propietarios de armas que compren un seguro de responsabilidad civil e invertir los fondos generados a partir de las tarifas pagadas por los propietarios de armas en iniciativas basadas en evidencia para reducir la violencia y el daño con armas de fuego", dijo el alcalde Sam Liccardo tras aprobarse la ordenanza.
"Gracias a mis colegas del concejo que continúan mostrando su compromiso para reducir la violencia armada y su devastación en nuestra comunidad. También estoy profundamente agradecido a nuestros socios legales y de defensa con Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP, EveryTown, Moms Demand Action, SAFE, Gifford Law Alliance y muchos otros que trabajan incansablemente para ayudarnos a diseñar un camino constitucionalmente compatible para mitigar el innecesario que sufren daños por armas de fuego en nuestra comunidad. Espero apoyar los esfuerzos de otros para replicar estas iniciativas en todo el país”, agregó.
En qué consiste la propuesta de Liccardo
El alcalde Sam Liccardo, quien revivió las dos propuestas en junio pasado después de que un empleado del VTA matara a nueve de sus compañeros de trabajo antes de suicidarse, comparó el nuevo requisito con el de los conductores que están obligados a tener un seguro de daños para manejar sus vehículos.
“El seguro de responsabilidad por armas disponible hoy en el mercado puede ajustar las primas para alentar a los propietarios de armas a comprar y usar cajas fuertes para armas, instalar seguros de gatillo y tomar clases de seguridad con armas”, dijo el alcalde.
En entrevista con Noticias Univision 14, Liccardo indicó que las grandes ciudades del país están atravesando por una epidemia de violencia vinculada a las armas. “Más de 200 personas sufren cada año heridas o muerte por armas en nuestra ciudad”, señaló.
Algunos residentes de San José, como Jonathan Salinas, apoyaron la propuesta de cobrar una tarifa a quienes poseen armas, pues con una medida así se sentiría más seguro de salir a la calle.
Sin embargo, para otros residentes esta propuesta no detendrá la violencia.
Por ejemplo, los opositores, entre los que se encuentra a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) a esta medida han dicho que serán los contribuyentes que cumplen con la ley quienes absorban el gasto y que quienes violan la ley no pagarán tal gravamen.
Liccardo indicó que la responsabilidad en el tema de las armas está en las ciudades, porque el Congreso no “hará nada”.
Cuánto cuesta la violencia de las armas de fuego
Un estudio publicado en noviembre por el Pacific Institute on Research and Evaluation encontró que los contribuyentes de San José gastan un promedio de $151 anual por cada hogar que posee un arma, entreel costo de la respuesta a la violencia armada por parte del personal médico y policial, investigaciones sobre tiroteos, procesamientos judiciales y otros servicios que son financiados con dinero públicos.
Cuando se combina con los costos privados para los residentes como resultado de la violencia armada y el crimen, el estudio encontró que los residentes de San José gastan colectivamente un promedio de $442 millones al año a causa de la violencia generada por armas de fuego.
Según el estudio, entre 50,000 y 55,000 hogares de San José poseen al menos un arma. Liccardo aclaró que la tarifa que contempla la recién aprobada ordenanza se cobraría por hogar y no por arma.
“Ciertamente, la Segunda Enmienda protege el derecho de todos los ciudadanos a poseer un arma”, dijo Liccardo. “(Pero) No obliga a los contribuyentes a subvencionar ese derecho”, señaló.
¿En qué se usaría el dinero recaudado?
Los fondos generados a partir de las tarifas de la propuesta apoyarían el trabajo de una organización sin fines de lucro que buscará reducir la violencia doméstica y con armas de fuego.
La organización sin fines de lucro, que aún no se ha formado, incluye funcionarios del Centro Médico de la Universidad de Stanford y Nextdoor Solutions to Domestic Violence.
Los defensores de los derechos de las armas han amenazado con litigar si la ciudad pone en marcha la propuesta, argumentando que es inconstitucional exigir a los propietarios de armas que paguen una tarifa para ejercer su derecho.
En julio, la Fundación Nacional de Derechos de Armas y la división legal de la Asociación Nacional de Derechos de Armas enviaron una carta de cese y desistimiento a Liccardo y a los demás miembros del consejo de la ciudad.
La fundación añadió que estaba preparando una demanda legal para presentarla contra la ciudad si se adopta la ordenanza. Sin embargo, Liccardo argumentó el lunes que las tarifas se requieren regularmente para los servicios y acciones protegidos constitucionalmente.
“Ya sea que estemos tratando de organizar una organización de defensa política 501(c)(4) o que intentemos presentar una demanda en un tribunal civil, todavía pagamos tarifas, por lo que esto no es nada nuevo”, dijo.
De ser ratificada la ordenanza el próximo mes, entraría en vigor el 8 de agosto de 2022.
Con información de Bay City News.
















