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Deportaciones

El caso Shibayama: una deportación a EEUU, un campo de concentración y la búsqueda por la justicia

Sin haber cometido ningún crimen, un peruano-japonés fue deportado de Lima a Estados Unidos, donde estuvo detenido en un campo de concentración y luego vivió como indocumentado. A 75 años de su admisión en ese centro de detención, su familia aún exige justicia ahora desde California.
23 Oct 2019 – 11:50 PM EDT

SAN JOSÉ, California. – Por más de 20 años, una familia residente de San José ha buscado que el gobierno de Estados Unidos se responsabilice por los daños causados por la detención de uno de sus parientes en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el afectado ya falleció, su esposa y su hija podrían ver el desenlace de esta lucha en los próximos meses.

Carlos Arturo Isamu Shibayama nació en Lima un 6 de junio de 1930. En los primeros años de su infancia, Carlos frecuentaba la ciudad portuaria de Callao, lugar de desembarque para miles de migrantes japoneses que buscaban un mejor futuro en Perú a principios del siglo veinte. En pocas palabras, la suerte de la familia Shibayama era el sueño migratorio hecho realidad.

Tras casi una década de proyectos emprendedores, un café, una panadería y una fábrica de camisas de vestir, Carlos y su familia se posicionaban en la clase privilegiada de la sociedad capitalina del país sudamericano.

En 1939, al otro lado del Atlántico, la invasión de Polonia a manos de Hitler vulneraba el Tratado de Versalles, situación que desató el caos en Europa y por ende una guerra sin precedentes. La autora Jan Jarboe Russell cuenta en The Train To Crystal City, que, en 1940, J. Edgar Hoover, director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), no solo seguía de cerca a alemanes pronazis en América Latina sino también a japoneses. Ellos, según el expresidente Franklin Roosevelt, representaban una amenaza para el Canal de Panamá.

En 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor causando más de 2 mil 400 muertes. Al poco tiempo, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9006, que requería el arresto y encarcelamiento de japoneses en suelo estadounidense. En América Latina, con el asesoramiento de Hoover, se comenzaron a planear deportaciones hacia Estados Unidos.

“Los oficiales peruanos buscaban a mi abuelo porque su nombre estaba en la lista negra. Él se escondía en las montañas y fue así como evadió el arresto… quizás uno o dos años”, cuenta Bekki Shibayama, hija de Carlos, quien hoy vive en San José, California.

Pese al posible arresto de su padre por su origen japonés, Carlos permaneció en el Colegio Particular Peruano Japonés José Gálvez donde culminó su educación primaria en 1943. La prosperidad de la comunidad japonesa, además de su alianza con los alemanes en la guerra, generaba un recelo social por parte de los peruanos. Sus negocios eran saqueados y embargados. En 1944, el padre de Carlos fue finalmente arrestado.

“Cuando arrestaron a mi abuelo, soltaron a mi abuela y mi tía. Y cuando era momento de deportarlo, se llevaron a todos”, cuenta Bekki. Los Shibayama fueron obligados a subir al barco USAT Cuba con destino a New Orleans desde Callao, sitio que, alguna vez, fuese la más grata memoria de su niñez.

Crystal City y el fin de la guerra

El gobierno de Roosevelt tenía un plan. Los japoneses y alemanes detenidos y deportados serían usados como prisioneros de intercambio con los estadounidenses en custodia en suelo enemigo. Se estima que más de 2 mil detenidos venían de América Latina y el 80% de Perú. Entre ellos, Carlos, sus cinco hermanos, y sus padres. El viaje a la estación de detención Algiers en New Orleans duró 21 días.

“Cuando salieron del barco, los oficiales [estadounidenses] los llevaban a un almacén y les echaban DDT [insecticida]. Fusa [hermana de Carlos] decía que se bañaron y luego subieron a un tren. Ella pensó que le dispararían, pero vio niñas japonesas exploradoras y fue cuando se dio cuenta que no los iban a matar”, cuenta Betty Shibayama, exprisionera en Tulu Lake, California, sobre la llegada de la familia de su esposo Carlos a Estados Unidos.

El paradero final de la familia Shibayama fue Crystal City, una ciudad texana a escasas 50 millas de la frontera con México. Allí los esperaba un terreno de 290 acres rodeado de cercas vigiladas por oficiales armados, según detalla el libro del 50 aniversario de Crystal City. En el proceso de admisión, los prisioneros no tenían derecho a un abogado, ni sabían la razón de su arresto, ni mucho menos cuánto tiempo persistirían en Crystal City.

Asimismo, existían más de 30 campos de concentración en Estados Unidos y más de una decena estaban en California. En estas cárceles, las tensiones políticas y raciales nacían de la diversidad de los prisioneros: japoneses, alemanes e italianos. Dentro de esta pequeña civilización, se edificaron cocina y biblioteca, canchas de fútbol y béisbol, y a su vez tres escuelas: japonesa, alemana y federal (estadounidense).

“Mi padre fue a la escuela japonesa que era guiada en ese idioma. Mi abuelo planeaba que luego de la guerra regresarían a Peru. Entonces, no tenían motivos para aprender inglés”, nos cuenta Bekki.

En 1945, cuando la guerra concluyó, fue el inicio de la incertidumbre para los Shibayama, puesto que el entonces presidente peruano Manuel Prado Ugarteche no aceptaría de vuelta a los deportados. ¿Emprenderían el viaje a Japón, un país en escombros?

Indocumentado y camino a California

Ante el rechazo del gobierno peruano, los Shibayama decidieron empezar una nueva vida en Estados Unidos, aunque con más dificultades de lo previsto: eran considerados indocumentados. ¿Cómo…si fueron arrestados, deportados y trasladados a un campo de concentración en contra de su voluntad y sin haber cometido ningún crimen?

Con el final de la guerra y tras dos años y medio de coexistencia en Crystal City, Wayne M. Collins, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), intervino a nombre de los Shibayama y consiguió empleo para algunos miembros de la familia en Seabrook Farms, una fábrica empaquetadora en Nueva Jersey. Bajo libertad condicional, Carlos y el resto de su familia se mudaron a la costa este.

En Seabrook Farms, Carlos trabajaba por 30 centavos la hora y el 30% de sus ganancias eran destinadas a pagar impuestos. No pasó mucho para que la familia cambiara de aires. Fueron a Chicago, donde Carlos conoció a Betty, su futura esposa.

En 1952 y pese a su estatus migratorio, Carlos fue reclutado por el gobierno estadounidense para cumplir con su servicio militar durante la guerra en Corea. Para 1956, obtuvo la residencia permanente y en 1970, el mismo año que él y su familia llegaron a California, adquirió la ciudadanía estadounidense. En papel, su nombre ya no sería Carlos Arturo Isamu Shibayama, sino Art Shibayama. Una manera, tal vez, de desprenderse del pasado.

“Pensó que había perdido muchas oportunidades. Cuando vivía en Perú tenía un futuro brillante, se haría cargo del negocio familiar. Todo eso fue despojado”, cuenta Bekki.

La lucha por la justicia continúa

Los miembros de la familia Shibayama han sido residentes de la ciudad de San José desde la década de los 70’s. Aquí, Art fue dueño de la gasolinera Shiba’s Shell Inc., negocio que le daría la tranquilidad financiera por 16 años. No obstante, las cicatrices de la deportación que sufrió desde Perú y sus repercusiones a nivel personal aun le calaban hondo.

En agosto de 1988, el entonces presidente Ronald Reagan se disculpó por el arresto y la detención de miles de japoneses estadounidenses en campos de concentración de EEUU. Ellos recibieron $20,000 dólares en reparación de daños como parte de un acuerdo con el gobierno, sin embargo, los japoneses deportados de países de Latinoamérica fueron excluidos en aquel pacto.

En 1996, cinco de esos prisioneros que quedaron fuera del acuerdo interpusieron una demanda en una corte de California, en la que exigían las mismas reparaciones que los japoneses estadounidenses. La administración de Bill Clinton ofreció una disculpa presidencial y $5,000 dólares de restauración. Art no aceptó y su familia lo apoyó en esa decisión.

“Estaba de acuerdo con él porque era un insulto que le dieran solo $5,000 dólares porque ellos sufrieron más que los japoneses estadounidenses. Ellos fueron traídos de un país diferente y no hablaban el idioma”, nos cuenta Betty, esposa de Art.

Para 1999, los tres hermanos y exprisioneros de Crystal City, Art, Kenichi y Takeshi Shibayama, presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense bajo acusaciones de discriminación y violación de los derechos humanos y civiles. La querella no prosperó, pero cuatro años después, los Shibayama lideraron una petición buscando reparaciones equitativas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En marzo del 2017, Art y su hija Bekki, en nombre de sus tíos Kenichi y Takeshi, testificaron ante una audiencia a la cual no asistieron abogados del gobierno estadounidense. Sin poder conocer el desenlace de su caso, Art falleció el año pasado en San José a la edad de 88 años. A 75 años de su deportación y a 16 años de la última petición ante la CIDH, la familia Shibayama aún espera por una respuesta oficial que podría concretarse en diciembre de este 2019, según Bekki.

“Mi padre siempre dijo que no quería que otras familias pasen por lo mismo. Esa era la razón por la que peleaba. Para educar a la gente. Nosotros queremos que el gobierno admita las violaciones que cometieron”, dijo Bekki.

De Lima a San José: la búsqueda de justicia de un hombre peruano-japonés deportado a EEUU

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