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Censos

Comienza en San Francisco la batalla legal sobre la pregunta de ciudadanía en el censo

El juicio durará siete días y será el juez Richard Seeborg quien dictamine si es constitucional o no preguntarle a los residentes si son o no ciudadanos de los Estados Unidos.
8 Ene 2019 – 9:46 PM EST

Este lunes dio inicio en una corte federal de la ciudad de San Francisco la batalla legal en la que se definirá si una polémica pregunta sobre ciudadanía, se incluye en el próximo censo a realizarse en el año 2020 a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

El juez Richard Seeborg será el encargado de realizar el dictamen sobre el caso, que no contará con un jurado y que se espera dure por lo menos siete días.

La querella legal contra el gobierno federal, en específico el Departamento de Comercio de EEUU, surgió a raíz de dos denuncias: la primera presentada por el estado de California, a la que luego se le sumaron las ciudades de Oakland, Fremont y varias más del Área de la Bahía; la segunda es la que interpuso la ciudad de San José en conjunto con la organización Black Alliance for Just Immigration.

Pero San Francisco no es la única ciudad de la nación en donde se determinará el futuro de esta pregunta sobre ciudadanía. Actualmente hay demandas en varios estados del país: por ejemplo, en noviembre un juez federal de Nueva York revisó una denuncia presentada por más de 30 estados, entre ellos California y la ciudad de San Francisco, y los demandantes están a la espera de que el magistrado emita un fallo.

Otra similar será analizada en una corte federal de Baltimore el próximo 22 de enero.

La pregunta de la discordia

En caso de que los fallos judiciales se inclinen en favor del gobierno federal, el próximo censo del 2020 incluiría una pregunta en donde los residentes deberán responder si ellos, o alguien que viva en su hogar, son ciudadanos estadounidenses.

Los estados y ciudades demandantes aseguran que si se incluye esta pregunta se estaría violando el requerimiento constitucional de contar a la población del país cada 10 años, debido a que los inmigrantes no ciudadanos se verían disuadidos de participar en el censo ante el temor de ser deportados.

El temor tiene que ver también con los recursos que reciben los estados y ciudades con un alto número de inmigrantes. Las demandas señalan que una menor participación en el censo resultaría no solo en una reducción de fondos federales, sino también en una menor representación en el Congreso, ambos basados en los datos recopilados en los censos.

Por su parte el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien juega el papel de abogado del gobierno federal, asegura que la pregunta en cuestión es razonable y que estaría sometida a estrictos requerimientos de confidencialidad.

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