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Organizaciones opuestas a la política fronteriza de Trump exigen resguardar la seguridad de los niños

Abogados, médicos, activistas y grupos religiosos denuncian que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha redoblado sus esfuerzos para desmontar protecciones legales que mantienen a los niños seguros y a las familias juntas en la frontera.
24 Jun 2020 – 03:06 PM EDT
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Un grupo integrado por 122 organizaciones que se oponen a la política migratoria del gobierno de Donald Trump en la frontera firmaron una carta en la que exigen resguardar la seguridad de los niños y respetar leyes vigentes que garantizan los procesos de asilo.

En una carta dirigida a Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el grupo señala que las recientes medidas adoptadas por el gobierno por la “pandemia del nuevo coronavirus, “amenazan la seguridad y la unidad familiar de los niños inmigrantes vulnerables”.

“El DHS parece haber ignorado las lecciones de 2018, cuando su política de separación familiar forzada dividió a miles
de niños de sus padres, infligieron daños duraderos en niños separados y provocaron indignación”, se lee en la misiva.

La política mencionada por el grupo fue ejecutada entre principios de mayo y mediados de junio de ese año, afectando a unas 2,652 familias. Pero un informe posterior del Inspector General del DHS concluyó que las separaciones impactaron a otros miles de menores y cientos de padres fueron deportados solos sin sus hijos.

Univision Noticias publicó un libro titulado ‘Terror en la Frontera’ que explica los alcances y daños causados por esta medida en el marco de la política migratoria de tolerancia cero de Trump.

La excusa del covid-19

El grupo señala en la misiva que al amparo de la pandemia de covid-19, “el DHS ha redoblado sus esfuerzos para deshacer
protecciones legales que mantienen a los niños seguros y a las familias juntas”.

Denuncia que el gobierno está deportando a Menores No Acompañados (UAC) que se encuentran dentro de Estados Unidos “sin que hayan tenido su día en corte”, en violación a pedidas de protección aprobadas por el Congreso.

Una ley de prevención de tráfico humano aprobada en 2008 estipula que los menores de edad que llegan al país indocumentados no pueden ser deportados de manera acelerada y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

A su vez, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores y en un plazo de 20 días debe entregarlos a familiares en Estados Unidos para que se hagan cargo de su custodia mientras continúan sus procesos migratorios en la Corte.

Al no respetar estas leyes y reglamentos, el grupo asegura que el gobierno “revive la separación familiar en los centros de detención causando un profundo sufrimiento a niños y familiares, y perturbando la conciencia de la nación”.

Freno inmediato

Las organizaciones, encabezadas por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) que agrupa a más de 15,000 socios a nivel nacional, la Academia Nacional e Pediatría, el Consejo Americano de Inmigración, el Centro Legal de La Raza y la Clínica Legal de Inmigración de Harvard, entre otros, instó al gobierno a “poner fin de inmediato a estas políticas destructivos” que desde marzo (el inicio de la cuarentena en la frontera) ha provocado la deportación de más de 1,000 UAC en la frontera sur.

“Los expertos médicos han dejado en claro que esta política carece de una justificación válida de salud pública”, apuntaron. E indicaron que el DHS tiene plena autoridad “para eximir a UAC y solicitantes de asilo, “pero el departamento se ha negado hacerlo” y en su lugar “ha deportado a ciertos niños no acompañados que viven dentro de Estados Unidos sin respetar las garantías legales otorgadas por el Congreso”.

En la carta las organizaciones también fustigan el Programa de Protección del Migrante (MPP), que desde su activación en enero de 2019 ha regresado a México a más de 60,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración. Y que se encuentra suspendido debido a la pandemia.

Denuncia contra el CBP

La carta coincide con la denuncia relacionada con cuatro niños migrantes gravemente enfermos que fueron hospitalizados después de que abogados visiten las instalaciones de la Patrulla Fronteriza (CBP).

El sitio HuffPost publicó que los menores se encontraban “gravemente enfermos y descuidados” en una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, y que los abogados que visitaron el centro “obligaron al gobierno a hospitalizarlos la semana pasada”.

Añade que los menores, de menos de 3 años con madres o tutores adolescentes, padecían fiebre, tos, vómitos y diarrea, de acuerdo con el relato de los abogados.

Toby Gialluca, un abogado de inmigración que ejerce en Florida, le dijo al HuffPost que los menores “se negaban a comer o beber” y que los ojos de una pequeña de apenas 2 años “se volvieron hacia atrás y estaba "completamente insensible" y flácida.

EL sitio dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondió a una solicitud de comentarios.

Deportaciones aceleradas

Las deportaciones aceleradas mencionadas en la carta se registran desde poco después del cierre de la frontera por el coronavirus.

A finales de marzo Univision Noticias reportó que las medidas de emergencia implementadas por el gobierno para hacer frente al covid-19 aceleró la expulsión de inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos, incluso niños.

Los protocolos, puestos en vigor el 20 de marzo, permiten la deportación a México en un promedio de 96 minutos, algo que antes podía llevar horas o días, dependiendo del llenado de reportes en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y verificación del estado de salud del extranjero arrestado.

Según las nuevas reglas, los agentes del CBP procesan a los inmigrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras en el terreno antes de que puedan ingresar a una estación. Y luego son llevados de regreso a la frontera y deportados a México.

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