Una jueza federal ha ordenado al Gobierno del presidente Donald Trump regresar a Estados Unidos a Jose Eliezer Martínez Andino, un hondureño de 20 años que fue deportado, tras supuestamente ser engañado al firmar su salida del país, sin que se le permitiera exponer su caso ante una corte de inmigración.
Una jueza ordena a Trump regresar a un hondureño al que podrían haber hecho firmar su auto deportación
José Eliezer Martínez Andino, de 20 años, fue deportado a Honduras a pesar de ser beneficiario de DACA y de tener una hija en EEUU que dependía de él. En su orden, la jueza federal Beryl A. Howell reconoce varias irregularidades cometidas en su caso y pide que lo devuelvan al país con garantías
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En la orden de 44 páginas, a la que ha tenido acceso N+Univision, la jueza pide "que faciliten el regreso del demandante a los Estados Unidos a fin de que su caso de inmigración sea tramitado adecuadamente".
Y piden que el reingreso se dé con todas las garantías. "Como reparación definitiva, se solicita una orden judicial que obligue a los demandados a subsanar este perjuicio facilitando su regreso a los Estados Unidos, permitiendo su entrada en el país mediante libertad condicional (parole) —eximiéndolo así de la detención— y restableciendo el estatus de acción diferida (DACA) que poseía antes de su expulsión; asimismo, solicita una sentencia declarativa que establezca que los demandados vulneraron su derecho a asistencia letrada", especifica el texto judicial.
Martínez Andino fue deportado a Honduras el pasado 13 de abril, a pesar de que él había expresado su temor de regresar a su país, según los documentos judiciales. Además, es padre de una niña de 3 años que dependía económicamente de él.
Martínez Andino fue detenido el pasado 18 de marzo por agentes de inmigración en el estado de Montana, donde residía. Según se puede leer en la orden judicial, fue trasladado a, al menos, seis centros de detención en diferentes estados del país.
Las irregularidades en su custodia
Los abogados de Martínez Andino presentaron una demanda porque aparentemente desapareció del sistema de registro de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La querella alegaba que, durante más de diez días, ni ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron sobre su paradero o bajo la custodia de qué agencia se encontraba, a pesar de las reiteradas solicitudes, y se recoge así en el texto de la jueza:
"El demandante solicitó una orden que obligara a los demandados a: (1) revelar la «ubicación física actual» del demandante; (2) «identificar la agencia que actualmente ejerce la custodia» sobre el demandante; y (3) «proporcionar al demandante acceso inmediato a asistencia letrada»", detalla el texto. De lo que se concluye que tampoco tuvo posibilidad de contactar con un abogado que garantizase que el proceso se llevase a cabo velando por sus derechos.
Engañado para firmar su autodeportación
Obligada por un tribunal, la Administración Trump reveló que el inmigrante había sido expulsado a Honduras porque supuestamente había aceptado voluntariamente dicha salida.
Martínez Andino sostiene que "no se le explicó" la documentación que firmó cuando fue detenido y que se le dijo que la única opción era firmar. La jueza lo refleja así en su escrito: "en esa llamada, el demandante comunicó que había 'firmado documentos que no comprendía del todo', los cuales caracterizó como 'documentos de deportación', aunque 'no pudo explicarle' a su abogado qué documentos había firmado”.
Por ello, pide que sea devuelto a EEUU. “Dado que su expulsión fue consecuencia directa de estas violaciones de sus derechos al debido proceso garantizados por la Quinta Enmienda, se ordena a los demandados que faciliten su regreso a los Estados Unidos”, escribió la jueza Beryl A. Howell.
La jueza también ha señalado que el hondureño ingresó a Estados Unidos a la edad de 14 años huyendo de las agresiones de su padre. “El demandante ha demostrado que sufrirá un daño irreparable si se le obliga a permanecer aún más tiempo en Honduras”, detalló.
"Menor inmigrante especial"
En la orden, la jueza reconoce que, además de estar en posesión del estatus DACA por haber entrado al país en 2020, a la edad de 14 años, Martínez Andino debería estar amparado por la protección de "menor inmigrante especial".
Explica en el texto que es una categoría definida por ley que abarca a ciertas personas menores de 21 años que se encuentran en los Estados Unidos y que un tribunal estatal ha determinado que no pueden ser devueltas a sus padres o a su país de origen debido a abuso, negligencia o abandono. Y, además, cita textualmente que las personas con este estatus "pueden solicitar la residencia permanente legal".