Los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida comúnmente como Green Card, enfrentarán a partir de septiembre un nuevo marco para la evaluación de la llamada “carga pública”, una figura migratoria que permite al gobierno determinar si una persona podría llegar a depender de manera importante de ciertos beneficios públicos.
Nuevas directrices para obtener la green card: estos son los nuevos factores y la fecha en que entran en vigor
La actualización establece nuevos criterios para evaluar las solicitudes de residencia permanente y precisa las categorías migratorias que están exentas de este análisis.
El cambio amplía los elementos que podrán ser considerados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS) y establece nuevas reglas para analizar cada solicitud.
¿Cuándo entrará en vigor el cambio?
USCIS publicó el 18 de agosto de 2026 una actualización de su Manual de Políticas para explicar cómo determinará la inadmisibilidad por carga pública en los casos de personas que soliciten ajustar su estatus migratorio para convertirse en residentes permanentes.
La actualización responde a una norma definitiva del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) anunciada el 16 de julio y publicada en el Registro Federal el 20 de julio. La nueva regulación entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse el nuevo criterio.
Hasta entonces, la guía anterior continúa siendo la referencia para las evaluaciones correspondientes. Uno de los cambios centrales está relacionado con los beneficios públicos que USCIS podrá tomar en cuenta.
Para beneficios sujetos a verificación de recursos recibidos antes del 18 de septiembre, la agencia señala que considerará únicamente determinados tipos de asistencia, principalmente ayudas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo a cargo del gobierno.
En cambio, para beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre, USCIS podrá considerar una gama más amplia de ayudas sujetas a verificación de recursos, entre ellas asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad y otros beneficios similares.
¿A quiénes afecta el cambio en la solicitud de la Green Card?
La evaluación de carga pública no se aplica de la misma manera a todas las personas que buscan la Green Card. La ley establece categorías migratorias que están sujetas a este motivo de inadmisibilidad y otras que están expresamente exentas.
Entre quienes pueden estar sujetos se encuentran cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses; hijos e hijas solteros de ciudadanos y sus hijos; cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes; hijos casados de ciudadanos y sus familiares; hermanos de ciudadanos; prometidos de ciudadanos; y distintos grupos de inmigrantes basados en empleo, inversión o preferencias migratorias.
También figuran entre las categorías sujetas determinados trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, algunos empleados de la Zona del Canal de Panamá, graduados de facultades de medicina extranjeras, determinados empleados jubilados de organizaciones internacionales, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, emisores internacionales, inmigrantes de visas de diversidad y ciertos testigos o informantes extranjeros.
En el otro extremo, el Congreso ha establecido numerosas excepciones. Entre ellas están los refugiados y solicitantes de asilo, los menores inmigrantes especiales, determinadas personas protegidas por la Ley de Violencia Contra la Mujer de Estados Unidos ( VAWA), ciertas víctimas de trata de personas y de actividades delictivas, así como varios grupos amparados por leyes migratorias específicas.
La lista de exentos también incluye a determinados cubanos, haitianos, nicaragüenses y otros centroamericanos que ajustan su estatus bajo disposiciones especiales, además de ciertos ciudadanos de otros países y personas que califican bajo programas migratorios particulares.
Cinco factores determinarán la evaluación
La nueva guía establece que USCIS no decidirá la cuestión únicamente a partir de si una persona recibió o no un beneficio público. Los funcionarios deberán valorar las circunstancias del solicitante en conjunto.
La ley exige considerar cinco elementos: la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, recursos y situación financiera, y la educación y las habilidades de la persona. USCIS también puede considerar otros elementos relevantes y tomar en cuenta el Formulario I-864, la Declaración Jurada de Apoyo mediante la cual otra persona se compromete a utilizar sus recursos para apoyar al inmigrante.
La evaluación, por tanto, será individual. USCIS señala que revisará la evidencia disponible en el expediente y determinará, a partir de la totalidad de las circunstancias, si existe una probabilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.
Si un funcionario concluye que una persona es inadmisible únicamente por esa razón, USCIS puede permitirle presentar una fianza de carga pública. Esta garantía puede hacerse mediante un pago en efectivo o una fianza de garantía y busca asegurar que el inmigrante no se convierta en una carga pública. Para establecer el monto, el funcionario considerará la asistencia gubernamental que la persona podría recibir durante los siguientes cinco años.
La fianza no puede presentarse por iniciativa del solicitante: de acuerdo con la nueva guía, USCIS debe invitarlo primero a hacerlo mediante una notificación de intención de denegación. En ese caso, el interesado podrá utilizar el Formulario I-945 para presentar la garantía.









