Cientos de empleados federales son recontratados: no aparecen los millonarios ahorros previstos por el DOGE de Musk

Cientos de empleados federales que perdieron su empleo como parte de la ofensiva de recortes de gastos en el gobierno federal liderada en su momento por el multimillonario Elon Musk están ahora siendo llamados para volver a sus trabajos.

La Administración General de Servicios (GSA, por sus iniciales en inglés) les ha dado a los empleados —encargados de gestionar espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, según un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AP.

Aquellos que acepten deberán presentarse a trabajar el 6 de octubre, después de lo que equivale a unas vacaciones pagadas de siete meses. En ese tiempo, la GSA acumuló altos costos —trasladados a los contribuyentes— para mantenerse en decenas de propiedades cuyos contratos de arrendamiento tenían planeado cancelar o se permitió que expiraran.

“En última instancia, el resultado fue que la agencia quedó dañada y con poco personal”, dijo Chad Becker, un exfuncionario de bienes raíces de la GSA. "No tenían a las personas que necesitaban para llevar a cabo funciones básicas".

Becker, quien representa a propietarios con arrendamientos gubernamentales en la compañía Arco Real Estate Solutions, comentó que la GSA ha estado en "modo de triaje" durante meses.

Aseguró que el repentino cambio en la reducción de personal refleja cómo Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) habían ido demasiado lejos, y demasiado rápido.

Cientos de trabajadores despedidos son recontratados

La GSA se estableció en la década de 1940 para centralizar la adquisición y gestión de miles de lugares de trabajo para el gobierno federal.

Ahora, la solicitud de reincorporación al trabajo de sus empleados refleja los esfuerzos de recontratación en varias agencias que fueron objeto de las medidas del DOGE en los últimos meses.

El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) dijo el mes pasado que permitiría que algunos de los empleados que aceptaron una oferta de renuncia puedan permanecer en el trabajo.

El Departamento de Trabajo también ha reincorporado a algunos empleados que aceptaron indemnizaciones, mientras que el Servicio de Parques Nacionales hizo lo mismo con varios, luego de una depuración.

La GSA, que gestiona muchos de estos edificios, es crucial para el trabajo de tales agencias. Pero desde marzo, miles se acogieron a los programas que los animaban a renunciar o aceptar una jubilación anticipada.

Por otro lado, cientos más —aquellos sujetos al aviso de reincorporación— fueron despedidos como parte de un agresivo impulso por reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Aunque esos no se presentaran a trabajar, se les pagaría hasta el final de este mes.

Representantes de la GSA no respondieron a preguntas de AP sobre el aviso de regreso al trabajo, que la agencia emitió el pasado viernes. También se negaron a informar sobre el número de empleados de la agencia, las decisiones de personal o los posibles costos adicionales como resultado de revertir sus planes de cancelar contratos de arrendamientos.

“El equipo de liderazgo de la GSA ha revisado las acciones de la fuerza laboral y está haciendo ajustes en el mejor interés de las agencias clientes que servimos y de los contribuyentes estadounidenses”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico.

Los demócratas han criticado el enfoque indiscriminado del gobierno federal para reducir costos y empleos. El representante Greg Stanton, el demócrata de mayor rango en la subcomisión que supervisa a la GSA, dijo que no hay evidencia de que las reducciones en la agencia "hayan generado algún ahorro".

"Ha creado una costosa confusión al tiempo que socava los mismos servicios de los que dependen los contribuyentes", declaró a AP.

El DOGE identificó a la agencia, que tenía alrededor de 12,000 empleados al inicio de este segundo mandato de Donald Trump, como un objetivo principal de su campaña para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno federal.

Un pequeño grupo de asesores de confianza de Musk se integró entonces en la sede de la GSA, a veces durmiendo en catres en el sexto piso de la agencia, y elaboró planes para cancelar abruptamente casi la mitad de los 7,500 arrendamientos en la cartera federal.

El DOGE también quería que la GSA vendiera cientos de propiedades federales con el objetivo de generar miles de millones de dólares en ahorros.

La GSA comenzó por enviar más de 800 avisos de cancelación de arrendamiento a propietarios, en muchos casos sin informar a los inquilinos gubernamentales. La agencia también publicó una lista de cientos de edificios gubernamentales que estaban destinados a la venta.

Los recortes masivos en la GSA produjeron pocos ahorros

Sin embargo, más de 480 contratos de arrendamiento de la GSA que estaban programados por el DOGE para su cancelación han sido rescatados desde entonces.

Se trata de contratos para oficinas en todo el país que son ocupadas por agencias como el IRS, la Administración del Seguro Social y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El DOGE, que llegó a presumir de que las cancelaciones de contratos de arrendamiento por sí solas ahorrarían casi $460 millones, ha reducido desde entonces esa estimación a $140 millones para finales de julio, según Becker, el exfuncionario de bienes raíces de la GSA.

Mientras tanto, la GSA emprendió recortes masivos de empleos. La agencia redujo el personal de su sede en un 79%, sus gerentes de cartera en un 65% y los gerentes de instalaciones en un 35%, según un funcionario federal al tanto de la situación.

Como resultado de la agitación interna, 131 arrendamientos expiraron sin que el gobierno realmente desocupara las propiedades, dijo esta fuente. La situación ha expuesto a las agencias a elevadas cuotas debido a que los propietarios no han podido alquilar esos espacios a otros inquilinos.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo de control independiente del Congreso, está examinando la gestión de la fuerza laboral de la GSA, las terminaciones de arrendamientos y los planes para deshacerse de edificios, y espera dar a conocer sus hallazgos en los próximos meses.

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