Un golpe de Estado y una dictadura: la historia de Argentina que el continente no olvida

El 24 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la historia de Argentina. Ese día, las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presidenta María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo el orden constitucional y dando inicio a un periodo que, medio siglo después, sigue siendo una herida abierta.

En N+ Univision te explicamos qué ocurrió hace cinco décadas, cómo se instauró la dictadura y por qué, medio siglo después, la memoria y la búsqueda de justicia siguen vigentes en Argentina.

¿Qué pasó hace 50 años en Argentina?

De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Argentina, el país quedó bajo el control de una Junta Militar integrada por el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, que asumió el Poder Ejecutivo y subordinó al resto de las instituciones del Estado.

Las primeras decisiones del nuevo régimen fueron inmediatas y determinantes: disolvieron el Congreso, removieron a los jueces de las cortes supremas nacionales y provinciales, prohibieron los partidos políticos y sindicatos, y suspendieron la Constitución Nacional.

Este periodo fue definido como una dictadura “cívico-militar”, ya que contó con la participación, anuencia y complicidad de sectores civiles, económicos, eclesiásticos y mediáticos, que facilitaron su consolidación mediante campañas de desinformación y respaldo institucional.

Desaparición, tortura y exterminio

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino, la dictadura se caracterizó por el ejercicio sistemático del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas implementaron un plan de desaparición, tortura y exterminio de una gran parte de la población civil con el objetivo de instalar el miedo y eliminar toda resistencia.

Entre 1976 y 1983 se cometieron secuestros, torturas, violaciones, ejecuciones, desapariciones forzadas, robo de bienes y apropiación de menores. En centros clandestinos como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo y el Pozo de Banfield funcionaron maternidades ilegales.

Alrededor de 500 hijos de personas desaparecidas fueron apropiados; en su mayoría, bebés. Muchos fueron entregados a familias vinculadas al poder militar, otros abandonados o vendidos; y, hasta la fecha, apenas 133 nietos han recuperado su identidad.

30,000 víctimas: cifra símbolo del genocidio

Estos crímenes fueron calificados oficialmente como genocidio, entendido como el aniquilamiento sistemático de un grupo de la población. Sin embargo, el número total de víctimas sigue sin conocerse con exactitud debido al carácter clandestino del accionar estatal.

La cifra de 30,000 desaparecidos surgió durante la dictadura como una estimación de denuncias y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la memoria colectiva; este 2026 las investigaciones continúan y el número sigue en construcción.

Más consecuencias para argentinos

En paralelo, el régimen implementó profundas transformaciones económicas. Bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz, exministro de Economía de la Nación Argentina, se aplicaron políticas de ajuste, devaluación e inflación que afectaron a la población trabajadora.

De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, este modelo promovió la apertura financiera y debilitó la industria nacional, generando aumento de la pobreza, pérdida de empleo y mayor desigualdad. La deuda externa creció significativamente y la participación de los salarios en la economía se redujo de forma drástica.

Búsqueda de justicia

A partir de 2003, el escenario comenzó a cambiar. Tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y su posterior declaración de inconstitucionalidad en 2005 por la Corte Suprema, se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.

Desde entonces, los tres poderes del Estado impulsaron políticas públicas destinadas a investigar, juzgar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

A 50 años, la memoria sigue

En 2026, a medio siglo del golpe de Estado, Argentina continúa honrando a las víctimas y sosteniendo la búsqueda de justicia. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino, este proceso sigue vigente a través de investigaciones abiertas y políticas de memoria, verdad y justicia.

A cincuenta años, aún no se conoce con exactitud el número total de víctimas, y continúan recibiéndose denuncias; también siguen los esfuerzos por recuperar la identidad de personas apropiadas durante la dictadura, mientras avanzan los juicios por delitos de lesa humanidad. La reconstrucción de lo ocurrido permanece en marcha.

JICM