El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) anunció que 8,000 internos en las cárceles del estado serán elegibles para un programa de liberación anticipada para tener más espacio en los reclusorios y así poder combatir de manera más efectiva los brotes de coronavirus.
Hasta 8,000 internos de cárceles de California recibirán libertad anticipada por coronavirus
El CDCR anunció que liberará anticipadamente a 8,000 internos para dar mayor espacio en las cárceles de California y así evitar mayor propagación del coronavirus.

A lo largo de los últimos meses, varias cárceles de California han tenido contagios masivos, como la de San Quentin, en el condado de Marín, con 200 empleados y 1,300 internos con casos activos.
Los reclusos que serán beneficiados con este programa serán notificados el 1 de agosto y se espera que sean liberados a lo largo de ese mes.
"Nos alegra que el gobernador esté tomando medidas para liberar a más personas. Esto es absolutamente crítico para la salud y la seguridad de todos los californianos. Demasiadas personas están encarceladas durante demasiado tiempo en instalaciones que difunden la mala salud. Apoyar la salud y la seguridad de todos los californianos significa liberar a las personas encarceladas innecesariamente y transformar nuestro sistema de justicia ", señaló Jay Jordan, Director Ejecutivo de la organización Californians for Safety and Justice.
El CDCR ya había reducido las poblaciones de presos en todo el sistema en aproximadamente 10,000, para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus dentro de sus instalaciones.
"Estas acciones se toman para garantizar la salud y la seguridad de la población y el personal encarcelados", dijo el secretario del CDCR, Ralph Díaz, en un comunicado. "Nuestro objetivo es implementar estas medidas de descompresión de una manera que alinee tanto la salud pública como la seguridad pública".
¿Quiénes sí y quiénes no?
Los presos que no serán elegibles para este programa son los que están condenados a pena de muerte, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y quienes hayan cometido violaciones graves al reglamento del reclusorio desde el 1 de marzo.
Se dará prioridad a las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad por contraer covid-19: mayores de 65 años, personas con afecciones crónicas o enfermedades respiratorias como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), además de pasar una evaluación que indique bajo riesgo de violencia.
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