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Trabajo

Resurge la polémica por los empleados ‘atornillados’, pero ¿qué significa el término?

El problema en años electorales radica en el poder probar que existe una necesidad verdadera para llenar esa vacante o que, en efecto, esa persona cuenta con las credenciales necesarias para ocupar la posición que le fue asignada.
14 Sep 2016 – 6:54 PM EDT

GUAYNABO, Puerto Rico.- Cada cuatro años, a medida que se acercan las Elecciones Generales en Puerto Rico, y cuando el nuevo gobierno toma el poder en enero, se escucha el término de ‘atornillados’, refiriéndose a esos nombramientos que fueron hechos de último momento en las dependencias gubernamentales.

Este debate se ha puesto más caliente en la isla luego que el domingo, durante la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista (PNP), el candidato a la gobernación por esa colectividad, Ricardo Rosselló Nevares, aseguró que su administración evaluará todos los nombramientos públicos hechos posteriores al 4 de mayo.

Según explicó el licenciado Eduardo López, especialista en derecho laboral, hay varias clasificaciones para un servidor público. El nombramiento de empleados públicos previo a unas elecciones siempre ha ocasionado controversias.

Rosselló Nevares afirmó que “aquella persona que haya llegado a esa posición sin tener esos méritos, sin tener una razón para tenerlos , esa persona no va a estar en el gobierno”. Igualmente, se amparó en la recién nombrada junta de control fiscal y la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) y reiteró que de no cumplir con el “espíritu de responsabilidad fiscal” de la Ley Promesa, “esa persona no va a estar en el gobierno”.

“Mi compromiso es con todos los servidores públicos que no han sido puestos en esa posición desde mayo 4. Ahora, el proyecto de ley de Promesa permite evaluar todas las transacciones que se hayan hecho como asignaciones, transacciones, nombramientos, asignaciones de recursos, que no vayan con el espíritu de responsabilidad fiscal y que no atiendan una necesidad apremiante. Hay unas posiciones que debemos evaluar y podemos reconocer que esas posiciones por supuesto eran necesarias, y esas posiciones permanecerán al igual que todo lo previo al 4 de mayo también va permanecer”, respondió Roselló Nevares.

Sin embargo, el Partido Popular Democrático (PPD) tronó contra esas posturas y aseguraron que “un voto por Ricardo Rosselló y Jenniffer González Colón ha quedado plasmado en una consigna de ' Pa fuera es que van', sacando del gobierno indiscriminadamente a miles y miles de madres y padres de familias”, dijo Vega Ramos al sostener que se trata de una nueva versión de la Ley 7 de 2009 de la administración de Luis Fortuño, que ocasionó la cesantía de 30 mil empleados públicos.

Lo importante, dice López, es poder diferenciar entre lo que es un empleado de confianza, uno de carrera y uno transitorio.

“Tienes el transitorio, el permanente, varias clasificaciones adicionales, inclusive el empleado por contrato que aunque no se entiende como un empleado, no se puede discriminar contra el que es lo que la ley y la constitución mandata”, señaló.

Lo que se sucede con los empleados considerados como ‘atornillados’ es que “previo a unas fechas específicas que se disponen por ley, esos empleados queden colocados y puedan inclusive, trascender su periodo probatorio”, con miras a que cuando entre el nuevo gobierno, no los puedan sacar de sus puestos.

López añadió que conforme con lo que Rosselló Nevares señaló en la convención PNP, unos cuatro mil empleados se verían afectados por despidos y “se empezaría por los empleados más recientes”.

“Al igual que Luis Fortuño, Rosselló habla de “atornillados” para defender su mezquino plan de despidos. Al igual que sucedió con Fortuño, estos despidos en el sector público, traerá la pérdida de miles de empleos en la empresa privada. Por cada empleado despedido en el gobierno, se pierden dos en el sector privado. Además, el propio Rosselló reveló que su primer acercamiento a la Junta de Control Fiscal, fue para que despidan a los funcionarios públicos. No solamente va de frente a despedir empleados públicos, sino que va a utilizar como excusa a la Junta de Supervisión Fiscal para botarlos. Esa es la verdadera intención de él”, sentenció Aníbal José Torres en comunicado de prensa.

El problema en años electorales radica en el poder probar que existe una necesidad verdadera para llenar esa vacante o que, en efecto, esa persona cuenta con las credenciales necesarias para ocupar la posición que le fue asignada.

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