Estafa y Fraude

Municipio de Guayama otorga contrato millonario a contratista sin título de ingeniero

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores le había notificado al municipio en agosto de 2014 que la persona no estaba autorizada a practicar la profesión de ingeniería en Puerto Rico.
15 Jun 2016 – 6:44 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico.- Una auditoría de la Oficina de la Contralora reveló que el municipio de Guayama otorgó 2.5 millones de dólares a un contratista que no tenía título de ingeniero y usó una cotización falsa para comprar un sistema de cámaras, entre otras graves irregularidades incluidas en el informe.

En un comentario especial, se establece el hecho de que el municipio no le había solicitado evidencia del título de ingeniero a un contratista que firmó como tal en un contrato y dos enmiendas entre 2013 y 2014 por 2.5 millones.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores le había notificado al municipio en agosto de 2014 que la persona no estaba autorizada a practicar la profesión de ingeniería en Puerto Rico.

La Contraloría también había referido al Departamento de Justicia el 21 de mayo de 2015 la posible cotización falsa que el municipio consideró en la compra de un sistema móvil de cámaras.

En abril de 2013, el municipio emitió una orden de compra por 6,900 dólares para adquirir unas cámaras para las patrullas de la Policía Municipal.

De las tres cotizaciones consideradas, una de ellas resultó ser falsa, ya que dicho proveedor declaró a los auditores que no preparó la cotización, su negocio no vende sistemas de cámaras móviles ni presta servicios a municipios.

De hecho, un perito del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluyó que la cotización que resultó falsa fue creada con el mismo formato, fuente, tipo de papel e información de la cotización seleccionada.

Además, en diciembre de 2013 los auditores verificaron que el sistema de cámaras estaba instalado, pero no se utilizaba.

Con respecto a este caso, el secretario de Justicia notificó el 14 de septiembre de 2015 que ordenó su cierre y archivo, ya que, indicó, no existía suficiente evidencia para identificar al autor de los posibles delitos.

A su vez, a enero de 2014 el municipio no había obtenido de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) los permisos de construcción y uso de varios proyectos contratados en 2012 por 177,000 dólares para la construcción y mejoras en la urbanización Bello Horizonte y comunidad Barrancas.

“Esta situación no permitió a la OGPe ejercer su función fiscalizadora”, sostiene la auditoría.

Igualmente, en diciembre de 2012 el municipio pagó 5,966 dólares por la adquisición y montura de 14 focos para postes y 14 brazos ornamentales cuando en realidad sólo se habían instalado seis focos y seis crucetas, que eran distintos a los indicados en la cotización.

La auditoría desvela, entre otros hallazgos, la compra de bienes entre el 2011 al 2012 por 254,923 dólares sin obtener las cotizaciones requeridas de por lo menos tres proveedores, deficiencias con la adjudicación de una subasta e incumplimiento de las disposiciones de un contrato formalizado.

Sobre este último, un licitador para la administración y mantenimiento de los cementerios municipales cobró, contrario a la prohibición en el contrato, 23,260 dólares a familiares de los difuntos por entierros, venta de floreros, exhumaciones y otros servicios de 2013 a 2014.

La opinión de la Contralora cubre el período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014.


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