Alertan sobre orden administrativa que dejaría en la calle a cientos de artesanos puertorriqueños

SAN JUAN, Puerto Rico. - La senadora Itzamar Peña Ramírez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), alertó este domingo sobre el dramático impacto que tendrá en los artesanos puertorriqueños la implantación de la una nueva orden administrativa del Departamento de Salud que los obliga a pagarle al Estado sobre 600 dólares anuales en nuevas certificaciones.

“Esta nueva disposición asestará un duro golpe a estos trabajadores, al punto de facilitar el posible cierre de muchos talleres”, señaló.

Según explicó la senadora, el pasado febrero, la secretaria del Departamento de Salud, doctora Ana Ríus Armendáriz, firmó la orden administrativa 346 para establecer la política pública en torno a la distribución de productos naturales o suplementos nutricionales o suplementos dietéticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Conforme a esta orden, todo artesano que cuente con un certificado en el renglón de la manufactura de productos naturales, como los que elaboran cremas y jabones, tendrán que solicitar otras certificaciones adicionales en la División de Medicamentos y Farmacias del Departamento de Salud y ante la Administración de Drogas y Alimentos federal (FDA, siglas en inglés).

“Los nuevos requisitos, como una certificación de la mencionada División, un certificado de calidad del Departamento, certificado de un laboratorio debidamente acreditado y el número de registro en la FDA son demasiado onerosos para la inmensa mayoría de nuestros artesanos”, advirtió Peña Ramírez.

Dijo que “estamos hablando de que ahora tendrán que pagar 25 dólares por certificado, por producto, unos 500 dólares cada dos años para poder manufacturar productos artesanales, como jabones, otros 100 dólares por un certificado de distribución y 50 dólares para solicitar una inspección del Departamento”.

Ante esta situación, Peña Ramírez suscribió una carta a Milagros Solís Ocasio, gerente de la División de Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial, solicitándole su intervención en este asunto a favor de los artesanos.

La legisladora adelantó que llevará este asunto ante la junta de control fiscal federal, creada en virtud de la ley Promesa.
“La economía local se encuentra en un momento crítico y nadie siente estos efectos más que el pequeño comerciante, como son los artesanos puertorriqueños. Estos nuevos costos para operar un negocio serán devastadores. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que ser proactivos”, terminó la legisladora.