WASHINGTON, D.C.- Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia se encuentran entre las jurisdicciones que se sumaron a una demanda federal contra la nueva regla de “carga pública” de la administración, una medida que ampliaría la discreción de los agentes migratorios para evaluar si determinados inmigrantes podrían depender de beneficios públicos.
Nueva regla de carga pública: Maryland, Virginia y DC buscan proteger a solicitantes
La entrada en vigor de esta disposición —prevista para el 18 de septiembre— afectaría a los solicitantes de green card, de visas o incluso de ingreso al país.
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La demanda, presentada por un total de 21 estados, llega a pocos días de la entrada en vigor de la regulación, prevista para el 18 de septiembre de 2026. Organizaciones proinmigrantes del área metropolitana de Washington celebraron la acción judicial.
La nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permitiría a los funcionarios migratorios considerar una mayor cantidad de factores al decidir si una persona reúne los requisitos para determinados beneficios migratorios.
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Entre las consecuencias potenciales se encuentran la denegación de solicitudes de residencia permanente, conocidas como “green cards”, así como de determinadas visas o incluso del ingreso a Estados Unidos, si un funcionario considera que el solicitante podría convertirse en una carga pública.
Virginia marca un cambio en la política estatal
Para organizaciones que trabajan con inmigrantes en el área metropolitana de Washington, la participación de Virginia representa un cambio significativo.
Mónica Sarmiento, de VACIR, calificó la demanda como un paso “increíblemente importante” y destacó la incorporación de Virginia al grupo de estados que cuestionan la regulación.
“Este es un paso increíblemente importante, no solo por los otros 21 estados, sino por Virginia”, afirmó Sarmiento. “Es una gran diferencia entre las políticas del anterior fiscal y las del que tenemos ahora”.
La demanda también incluye a Maryland y al Distrito de Columbia, lo que coloca a toda la región metropolitana de Washington entre las jurisdicciones que buscan judicialmente impedir la entrada en vigor de la medida.
¿Qué podría cambiar para los inmigrantes de Maryland, Virginia y DC?
La nueva regulación daría a los agentes migratorios mayor margen para evaluar las circunstancias económicas y personales de quienes solicitan determinados beneficios migratorios.
Meredith Brown, abogada de inmigración, explicó que los funcionarios podrían considerar incluso la situación de los hijos del solicitante, incluidos niños ciudadanos estadounidenses que tienen derecho a recibir beneficios públicos.
Entre los programas que podrían ser considerados están los cupones de alimentos, Medicaid y los vales de vivienda.
Además, un agente podría tomar en cuenta factores como el estado de salud de una persona, si tiene empleo y la posibilidad de que necesite asistencia pública en el futuro.
Esto podría afectar a inmigrantes y familias de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia que estén realizando trámites migratorios, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.
La demanda no suspende automáticamente la norma
Aunque los estados buscan bloquear la regulación, la presentación de la demanda no significa que su entrada en vigor quede suspendida automáticamente.
Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios para América Latina de American University, explicó que las solicitudes podrían seguir siendo evaluadas mientras los tribunales determinan la legalidad de la medida.
“Entonces, a usted le negamos este caso”, dijo Castañeda al describir uno de los posibles escenarios para una persona cuyo trámite sea evaluado bajo la nueva regla.
El experto señaló que el litigio podría llegar a distintas instancias judiciales y que, eventualmente, la Corte Suprema podría pronunciarse sobre la legalidad de la regulación.
Por ello, la demanda no garantiza que los inmigrantes de Maryland, Virginia o el Distrito de Columbia obtengan automáticamente acceso a programas sociales ni que sus trámites migratorios queden protegidos mientras el caso avanza.
Estados advierten sobre consecuencias económicas
Los estados demandantes también argumentan que la regulación podría generar consecuencias económicas para los gobiernos estatales y locales, debido a sus posibles efectos sobre los servicios públicos y las finanzas estatales.
La estrategia judicial busca que los tribunales analicen esas repercusiones y determinen si la administración puede implementar la norma bajo los nuevos criterios.
Castañeda advirtió, sin embargo, que incluso una eventual victoria de los estados y las ciudades no significaría necesariamente un mayor acceso de los inmigrantes a programas sociales.
La disputa judicial adquiere especial relevancia para Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia porque la región metropolitana de Washington concentra a una importante población inmigrante y porque la norma podría afectar trámites migratorios mientras el litigio permanece abierto.
Con la entrada en vigor prevista para el 18 de septiembre, la atención de organizaciones proinmigrantes y solicitantes de beneficios migratorios está ahora puesta en los tribunales y en la posibilidad de que un juez emita una orden que bloquee la aplicación de la regulación.
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