InmigraciónLas nuevas órdenes ejecutivas de la administración Biden sobre inmigración buscan abordar algunas de las políticas más controvertidas del último presidente y tendrán repercusiones para las comunidades de inmigrantes y las familias detenidas en el Centro de Detención de Inmigrantes en el condado de Berks. En cada una de las tres órdenes, la Casa Blanca creó un proceso para revisar o estudiar algunas de esas políticas, en lugar de cambiarlas de inmediato.
Las órdenes ejecutivas de Biden podrían afectar a miles de inmigrantes en Pensilvania
Las nuevas órdenes ejecutivas de la administración Biden sobre inmigración buscan abordar algunas de las políticas más controvertidas del último presidente y tendrán repercusiones para las comunidades de inmigrantes y las familias detenidas en el Centro de Detención de Inmigrantes en el condado de Berks. En cada una de las tres órdenes, la Casa Blanca creó un proceso para revisar o estudiar algunas de esas políticas, en lugar de cambiarlas de inmediato.
Separación familiar
Una orden creó un grupo de trabajo para abordar los daños de la política de separación familiar de la administración Trump, que reunió a padres e hijos que llegaron a la frontera de EE. UU. y los puso en instalaciones separadas y en rutas de inmigración completamente diferentes, lo que a menudo resultaba en meses o años de diferencia.
“Mi administración condena la tragedia humana que ocurrió cuando nuestras leyes de inmigración se utilizaron para separar intencionalmente a los niños de sus padres”, escribió el presidente Biden.
Si bien la separación tuvo lugar a cientos de millas de distancia de la mancomunidad, algunos niños en el programa terminaron en refugios para jóvenes de Pensilvania que tienen contrato con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según HIAS, una organización sin fines de lucro que ofrece capacitación sobre el conocimiento de sus derechos para niños inmigrantes no acompañados.
Solicitantes de asilo
Una segunda orden buscaba abordar las causas de la migración desde Centroamérica y los programas de inmigración con los que interactúan las personas de esa región, a saber, el asilo.
La administración se comprometió a revisar varios programas que se han utilizado para mantener a las personas fuera del país, por ejemplo en México, mientras sus casos avanzan a través de tribunales atrasados. El resultado de uno de esos enfoques, conocido como Protocolos de protección al migrante, fue que miles de personas vivían en refugios o campamentos en algunas de las ciudades más peligrosas de México.
John Moore/Getty ImagesLos defensores argumentaron que este proceso fue diseñado para desanimar y traumatizar a las personas que de otra manera tendrían derecho a una audiencia justa según la ley de inmigración. En un giro extraño, si renunciaron a sus casos, algunos fueron llevados a centros de detención de inmigrantes familiares dentro de Estados Unidos en espera de ser deportados a sus países de origen, incluido el
Centro Residencial Familiar Berks cerca de Reading. Una de esas personas fue Emerson Hernández, de Guatemala, que pasó 250 días en el centro con su hija
Maddie de siete años.
En su primer día en el cargo, Biden detuvo este programa para las personas que actualmente llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, pero no hizo ningún cambio en los casos de las personas que ya estaban en fila allí.
Carga pública
Una tercera orden ejecutiva tenía como objetivo mejorar la experiencia de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, eliminando “las fuentes de miedo y otras barreras que impiden que los inmigrantes accedan a los servicios gubernamentales disponibles para ellos” y fomentando caminos hacia la ciudadanía.
En particular, esta orden creó un plan para revisar una regulación creada bajo la administración Trump conocida como "carga pública". Esa regla decía que algunos inmigrantes que accedieran a beneficios públicos, como alimentos o asistencia en efectivo, serían considerados "inadmisibles" para una tarjeta verde en el futuro.
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“La historia ha demostrado que cuando cambian las reglas de beneficios, muchos de los que se dan de baja lo hacen por confusión”, escribió el alcalde de Filadelfia,
Jim Kenney, en una carta al gobierno federal en 2018.
En ese momento, los funcionarios de la ciudad estimaron que 7,000 residentes de Filadelfia tendrían que elegir entre acceder a los beneficios o ser excluidos de la residencia permanente más adelante. Decenas de miles de otras personas que no estaban implicadas por la regulación pueden haber renunciado a los beneficios para ellos o sus familias por confusión o miedo.
Jeff Chiu / The Associated Press
Los funcionarios de Filadelfia señalaron que, si bien la orden no detiene la regulación de carga pública, establece los pasos para que el gobierno federal comunique claramente lo que están haciendo en el camino.
"Eso es realmente importante porque una constante con los cambios en la carga pública ha sido que es realmente confuso", dijo Amy Eusebio, directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Filadelfia. También señaló que la misma orden ejecutiva facilita lazos más fuertes entre los gobiernos federales y locales al formular políticas de inmigración.
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Todos estos pasos son cambios bienvenidos, dijeron los grupos que pasaron años luchando contra las políticas de inmigración de la era Trump. Pero también hay frustración.
"La administración Trump dejó atrás una red tan compleja de políticas de inmigración crueles e inhumanas que va a tomar un tiempo deshacer", dijo Eusebio.
Una posible razón del enfoque conservador es querer que los cambios duren. Muchos de los cambios de la administración Trump a la política de inmigración fueron cuestionados en los tribunales por no seguir el procedimiento adecuado.
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