Presidente de LUMA Energy tiene las horas contadas para evitar que lo encarcelen en Puerto Rico
La libertad de Wayne Stensby, presidente del consorcio LUMA Energy, pende de un hilo, pues el juez Anthony Cuevas Ramos mantiene en suspenso hasta el 15 de noviembre la orden de arresto y encarcelamiento que firmó el pasado miércoles contra el ejecutivo. Ese día, los abogados de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tendrían que certificar que les entregó la información que llevan requiriéndole desde hace 6 meses, como el desglose de millonarios gastos y los salarios de sus empleados.
En su orden del 10 de noviembre, el juez del Tribunal de Primera Instancia especificó que si Stensby incumplía con las peticiones de la Cámara baja del país, será arrestado y "se mantendrá custodiado en cárcel hasta que cumpla en su totalidad con los requerimientos identificados en la resolución".
Así las cosas, los abogados de la Cámara de Representantes se mantienen desde el 10 de noviembre evaluando la información que en una memoria USB les entregaron los abogados de LUMA Energy, en nombre de Wayne Stensby. Responden al representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, que investiga el contrato que se le otorgó al consorcio y cómo se están manejando los fondos.
Fue esa comisión legislativa la que demandó en corte al presidente de LUMA Energy para exigir que entregara la información, tras intentar sin éxito que respondiera en audiencias públicas. El consorcio buscó auxilio en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para proteger la información que pedía la Legislatura, recibiendo un fallo adverso.
El reclamo a Wayne Stensby no es solo local. El ejecutivo también se reservó información sobre los salarios de los altos ejecutivos del consorcio durante una audiencia ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Cabe recordar que tras el paso del huracán María, en 2017, por Puerto Rico, el sistema de energía quedó en grave estado. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó 9,600 millones de dólares para renovar el sistema. Tanto LUMA como el gobierno de Puerto Rico tienen que someter proyectos para obtener el desembolso de esos fondos.
A nivel local, este pasado miércoles, abogados de LUMA Energy consignaron que la información "sensitiva", "confidencial" y "privilegiada" ya fue entregada. No obstante, el representante Luis Raúl Torres señaló a medios locales que todavía no han cumplido. Y es que las comunicaciones que tuvo el presidente de LUMA Energy con funcionarios del gobierno de Puerto Rico antes, durante y después de la firma del contrato, no aparecen. "Dicen que eso estaba en el celular de Stensby y que ese celular se dañó”, adelantó el legislador en conferencia de prensa.
El presidente de LUMA Energy tiene hasta las 5:00 de la tarde del 15 de noviembre para entregar esos documentos o deberá atenerse a la decisión del magistrado.
Quiere el fin del pleito
El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, se expresó este jueves confiado en que durante esa audiencia se resuelva la situación. El primer ejecutivo del país ha sido firme en su apoyo a LUMA Energy, contrario a lo que manifiesta gran parte del pueblo, a través de la radio, redes sociales, televisión y otros medios.
Y es que con la llegada del consorcio, se registró un incremento en los apagones y en los problemas de voltaje. La cereza en el pastel fue el alza dramática en el costo del servicio.
Nada de eso fue advertido cuando, en junio de 2020, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico anunció que LUMA Energy sería la responsable de rehabilitar y operar el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. El consorcio de Quanta Services y Canadian Utilities, con una participación de Innovative Emergency Management, obtuvo un contrato de 115 millones de dólares anuales, por los próximos 15 años.
Ese contrato, que ha sido objeto de fuertes críticas y protestas, le permitió a LUMA Energy gozar de un periodo de transición de un año, antes de entrar en vigencia en junio de 2021. No obstante, se alega que la empresa comenzó a otorgar contratos desde al menos un mes antes.
