Ante la perspectiva de una demanda por discriminación, el Departamento Correccional de Vermont ha acordado brindar a los detenidos por inmigración federal en sus cárceles un mejor acceso a interpretación lingüística, asesoría legal y audiencias judiciales.
Los centros de Vermont aceptan mejorar los servicios para los detenidos por ICE tras una denuncia por discriminación
El Departamento Correccional de Vermont acordó mejorar el acceso a servicios de interpretación de idiomas, asesoría legal y audiencias judiciales para los detenidos federales por motivos de inmigración en sus prisiones. La Comisión de Derechos Humanos de Vermont anunció el martes que se llegó a un acuerdo tras una denuncia por discriminación presentada en enero
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La Comisión de Derechos Humanos de Vermont anunció el martes que había llegado a un acuerdo conciliatorio con el departamento, tras una denuncia por discriminación que la comisión interpuso en enero.
Abogados de inmigración habían señalado previamente que el departamento limitaba su posibilidad de reunirse con detenidos federales y que quienes no hablaban inglés carecían de interpretación en las prisiones estatales.
Con el acuerdo, el Departamento Correccional resuelve la denuncia por discriminación antes de que llegue a los tribunales civiles, según Lauri Fisher, asesora jurídica general del departamento.
En virtud del convenio, el departamento está obligado a garantizar que los detenidos de inmigración reciban servicios de interpretación lingüística y acceso regular a abogados de inmigración del Proyecto de Asistencia para Asilo de Vermont (VAAP, por sus siglas en inglés). El acuerdo no contempla ninguna compensación económica.
«Es la única vez que diría: “Me alegro de que nos hayan demandado”, porque nos hizo mejorar», expresó Fisher en una entrevista el martes.
Las autoridades federales de inmigración utilizan las prisiones de Vermont para alojar a personas bajo custodia, con frecuencia a más de una docena a la vez. Aunque los detenidos pueden permanecer en cualquier prisión estatal, por lo general se les traslada al Centro Correccional Regional de Chittenden, en South Burlington, o al Centro Correccional Estatal del Noroeste, en St. Albans Town.
El acuerdo representa un punto final a la disputa entre el Departamento Correccional y defensores de los derechos legales de los inmigrantes, enfrentados luego de que abogados del proyecto de asistencia para asilo alegaran a principios de este año que el departamento obstaculizaba su acceso a los detenidos.
Principalmente se denunció la falta de intérpretes y atención médica
Los abogados también denunciaron en marzo que sus clientes no recibían servicios de interpretación, lo que dejaba a los inmigrantes sin atención médica adecuada o expuestos a sanciones disciplinarias sin comprender los motivos.
La interpretación lingüística para las personas detenidas es esencial para dar acceso a servicios que tienen el derecho legal de recibir, afirmó Erin Jacobsen, directora de incidencia del VAAP.
«Y si no se puede hacer eso, los derechos se reducen a meros deseos», apuntó Jacobsen.
Los problemas con el idioma y el acceso a los letrados comenzaron, según alegaron los abogados de inmigración, después de que el comisionado Jon Murad asumiera el liderazgo del departamento en agosto de 2025.
Murad defendió con anterioridad su decisión de suspender las reuniones rutinarias entre los abogados del VAAP y los detenidos de inmigración. Declaró en marzo que solo hacía cumplir las políticas del departamento y ponía fin a prácticas que no debieron permitirse durante la gestión de su predecesor.
Fisher señaló el martes que el departamento no ha cambiado de postura desde marzo, sino que está reformando sus normas y normativas internas.
Las políticas anteriores eran restrictivas, indicó. Ahora el departamento ha aprovechado la oportunidad para « crecer» adoptando las recomendaciones del VAAP y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Vermont, según Fisher.
«Simplemente estamos modificando (las políticas departamentales) para adaptarnos a los tiempos modernos, por así decirlo», dijo Fisher.
El sistema penitenciario de Vermont garantizará la comunicación con los detenidos y asistencia judicial
Conforme al acuerdo, el departamento tendrá la obligación de identificar el idioma de preferencia de una persona en cuanto ingrese a una instalación. A partir de ese momento, el personal penitenciario y médico deberá utilizar un dispositivo móvil de interpretación para comunicarse con las personas en su lengua de preferencia.
Si el idioma de preferencia de una persona no es el inglés, no podrá ser sancionada disciplinariamente por desobedecer una orden dictada en inglés, estipula el acuerdo.
Además de las garantías de acceso lingüístico, se ordena al departamento entregar al proyecto de asistencia para asilo una lista diaria de todos los detenidos de inmigración recluidos en las prisiones estatales, de acuerdo con los términos pactados.
Bajo este marco, un grupo de abogados de la organización legal tiene autorización para ingresar a las prisiones de South Burlington y St. Albans Town cada dos semanas para reunirse con grupos de detenidos. Dichos letrados podrán recurrir a las tabletas del penal para labores de interpretación y se les permitirá ingresar computadoras portátiles u otros dispositivos tras la debida inspección por parte del personal penitenciario.
La medida replica el esquema con el que operaban los abogados del VAAP con anterioridad al otoño pasado.
Muchos de los cambios dispuestos por el acuerdo comenzaron a aplicarse durante los meses de negociación, según Jacobsen; sin embargo, el pacto legal exige una actualización formal de los reglamentos del departamento.
Si la institución incumple lo pactado, podrían emprenderse nuevas acciones judiciales, aunque Jacobsen señaló que el departamento se ha mostrado dispuesto a colaborar.
«No me imagino que esto vaya a ser un problema», puntualizó