Junta de Control Fiscal

Las muchas capas de una deuda: Puerto Rico ante un plan de rescate incierto

El gobernador Alejandro García Padilla y dos de los participantes de la creación de la ley PROMESA discutieron en una conferencia en Nueva York las implicaciones de la deuda del país y lo que supone la junta de control fiscal.
12 Ago 2016 – 10:10 AM EDT

MANHATTAN, Nueva York. - Desde hace mucho, crisis es una palabra recurrente que se ha utilizado para describir la situación de Puerto Rico, pero la próxima implementación de una junta de control fiscal en la isla ha permitido comprender la extensión de su significado.

Esta junta, designada por el gobierno federal, no solo ha provocado discusiones sobre la situación económica de la isla sino que le ha revelado a muchos lo que supone el ser territorio de Estados Unidos desde 1898 o eso de ser desde 1952 un Estado Libre Asociado.

Décadas después, la narrativa de Puerto Rico incluye una deuda pública de alrededor de 72,000 millones de dólares con diversas implicaciones.

Cuando junio acababa, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley PROMESA (o Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) que, como dice su nombre, supervisará y manejará decisiones fiscales de la isla en vías al pago de la deuda pública. La junta de control fiscal es uno de los aspectos de esa ley.

“Con todos sus defectos y limitaciones, PROMESA le provee a Puerto Rico las herramientas -basadas en la Ley de Quiebras de Estados Unidos- y un proceso ordenado para reestructurar su hoja de balance y sus obligaciones de deuda, incluidos los bonos de obligación general (GO’s en inglés)”, dijo el martes el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

Sus expresiones se dieron vía Skype durante la conferencia “La crisis fiscal y económica de Puerto Rico” que se realizó entre periodistas y editores como parte del Ravitch Fiscal Reporting Program de la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de New York (CUNY).

PROMESA, como reconoció García Padilla, llega con “el precio” de una junta de la que no se sabrá hasta septiembre quiénes serán sus siete integrantes no electos por el pueblo.

Según García Padilla, la junta de control fiscal, entre otros aspectos, va a monitorear y a tomar decisiones sobre los planes fiscales y las asignaciones de presupuestos que haga Puerto Rico.

El gobernador, mientras tanto, negocia con la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico para asignar 2 millones de dólares mensuales a dicha junta.

Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía, subrayó que esta organización en la que se desempeña como director de política pública no apoya esta ley por el “alto costo político” que Puerto Rico debe encarar para recibir alivio a esa deuda.

“La parte que tiene que ver con alivio a la deuda nos preocupa mucho porque el Congreso terminó haciendo un híbrido, trayendo conceptos de reestructuración de la deuda soberana (título 6) y mezclándolos con conceptos de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (título 3) y han creado este nuevo animal que nadie sabe bien cómo funcionará”, manifestó Marxuach.

El asesor financiero James Millstein y el abogado Richard Cooper, quienes hicieron parte de la redacción de PROMESA, reconocieron que las disposiciones de esta ley son “complejas”.

“Esto no es una legislación perfecta. Ninguna legislación lo es. Pero al final llegamos a una estructura manejable para tratar de resolver los retos financieros de Puerto Rico”, articuló Cooper quien explicó que PROMESA enfrentó oposición y que por ende aspectos de su lenguaje fueron producto de negociaciones para llegar a un acuerdo con los acreedores.

La larga recesión

El panorama que se avecina es incierto.

Al citar datos de 2014 de la agencia acreditadora Moody’s, Millstein indicó que la relación entre el servicio a la deuda a los ingresos al fisco en Puerto Rico es de 36% en contraste a la de Hawaii (13%), Connecticut (12%), Nueva York, Utah y West Virginia (todos de 11%).

“Puerto Rico está gastando mucho más que esos estados en el servicio de la deuda. Otros estados tienen mayor flexibilidad financiera para invertir en educación, salud, infraestructura, las cosas que mueven la actividad económica privada. En cierto punto, la carga del servicio de la deuda se hace tan pesada que va en detrimento de la actividad económica”, indicó Millstein.

La respuesta de miles de puertorriqueños ante la situación socioeconómica ha sido partir de la isla.

Entre 2010 y 2014, sobre 250,000 puertorriqueños se fueron de la isla y solo en 2014, unas 84,000 personas emigraron de Puerto Rico a los Estados Unidos, según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

PROMESA, al fin y al cabo, pone de manifiesto los hondos problemas económicos de la isla y esa relación con el gobierno federal que marca su identidad cultural, sus procesos cotidianos así como su rumbo político y financiero.

En Puerto Rico, por ejemplo, de sus 3.5 millones de habitantes, "cuando unes los programas de Medicare y Medicaid, 2.3 millones dependen para su plan médico, total o parcialmente, del gobierno federal", expuso Dennis Rivera, portavoz de la Coalición para Atender la Crisis de Salud.

Y la crisis actual ha llevado a que cientos de doctores se hayan ido de la isla y que actualmente se cuente con 9,000 médicos en comparación a los 14,000 que había una década atrás, según el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

Millstein recordaba que “no es una coincidencia que el fin de la Sección 936 (del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos) llevara a la isla a una recesión de la que no ha logrado superarse”.

El asunto que complica la realidad actual de Puerto Rico es la falta de crecimiento económico, coincidieron Millstein y Hunter Clark, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

“Si la economía de Puerto Rico estuviese creciendo no es que el problema desaparecería, pero tendríamos más espacio y flexibilidad para manejar esto”, afirmó, por su parte, Marxuach.

De acuerdo con Marxuach, la deuda pública de Puerto Rico -un país que, como afirmó, tiene aproximadamente un millón de personas trabajando en el mercado laboral formal- es un asunto de capas económicas, legales y políticas que se traducen en una problemática social.

“Cuando las personas enfrentan recortes en sus beneficios médicos o sus pensiones o cuando su hijo de necesidades especiales no obtiene las terapias o tratamientos que necesita en una escuela pública, eso se convierte en un problema social”, mencionó.

Ese panorama, a juicio de Marxuach, traerá a cuestas que muchos puertorriqueños descontentos con los resultados de este proceso y del impacto de PROMESA tengan que decidir qué van a hacer, si quedarse para protestar y presentar alternativas, entablar demandas o migrar. El tiempo, en su versión más inmediata o a largo plazo mostrará el saldo de PROMESA.

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