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Inmigración

Empleados de panadería en riesgo de despido logran una extensión para probar su autorización de trabajo

Treinta trabajadores de Tom Cat Bakery en Nueva York recibieron cartas diciendo que perderán sus trabajos si no demuestran su autorización para trabajar en EEUU. Pero luego que los trabajadores se movilizaran y la compañía intercediera, Seguridad Nacional otorgó una prórroga para entregar la documentación.
23 Mar 2017 – 6:22 PM EDT

NUEVA YORK. - De los 22 años que lleva en Nueva York, el mexicano Hector Solís ha trabajado 12 de estos en Tom Cat Bakery, una panadería artesanal en Long Island City, Queens. Hace un turno de 4:30 pm a 12:30 am y allí trabaja "en los hornos".

La cotidianidad de la cocina se alteró el pasado el 15 de marzo, cuando un supervisor le dijo que necesitaba hablarle en la oficina. Allí, relata Solís, una secretaria le entregó una carta que le notificaba que sería despedido, si no presenta documentación de que puede trabajar legalmente en Estados Unidos.

Como Solís, alrededor de 30 trabajadores de esa empresa recibieron esa misiva. "Me sentí desconcertado, triste, con coraje... Después de tantos años en la empresa, de ayudar a la compañía a crecer", expresa el hombre de 45 años.

A partir del 15 de marzo, los empleados que recibieron esa carta tendrían 10 días laborables para presentar la documentación que les piden.

La organización sin fines de lucro Brandworkers, que representa a los empleados de la panadería, dice que la empresa envió las misivas a los empleados tras una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Carmela Huang, abogada de los trabajadores, indica que la auditoría de DHS es en torno a la forma I-9, el documento que se usa para verificar la identidad y la autorización para trabajar en Estados Unidos.

La carta que recibieron los empleados y que cita el NY Daily News, lee: "Nos han traído a nuestra atención que los documentos que presentó en la forma I-9 al ser contratado, no lo autorizan en este momento para trabajar en Estados Unidos".

"No tenemos todavía información precisa sobre qué motivó esta auditoría pero entendemos que la empresa no tiene nada que ver con eso", dice Huang.

Según la abogada, en una reunión que sostuvo con el consejo de Tom Cat Bakery, la empresa alega que no inició la investigación.

"Ellos dicen que en enero recibieron de la nada una notificación de que serían objeto de una auditoría de Seguridad Nacional", expone Huang al abundar que Tom Cat dice que "se ha comunicado con Seguridad Nacional para intentar obtener una extensión para sus empleados".

Lo que apuntaba Huang se produjo esta semana cuando trascendió que producto de esta auditoría, DHS le otorgó a Tom Cat Bakery una extensión para sus empleados hasta el 21 de abril.

Huang explica que la nueva fecha significa que " los empleados tendrán más tiempo para proveer la documentación que procura DHS".

El efecto de una carta

Así como le sucede a Solís, el mexicano Oscar Ramírez ha trabajado en Tom Cat Bakery durante 12 de los 14 años que ha vivido en Estados Unidos.

"Soy padre. Tengo un niño de 19 años con una discapacidad, y no es justo que me boten como si nada porque dependo de ese trabajo. Solamente queremos trabajar", reflexiona Ramírez, de 36 años.

Solís, por su parte, dice que su esposa está "desconcertada". "Soy el apoyo de la familia".

El miércoles, estos trabajadores organizaron una protesta para defender sus trabajos. "El ataque contra los trabajadores inmigrantes es más fuerte que nunca bajo el régimen de Trump", leía una de las hojas sueltas distribuidas en la manifestación. "No nos podemos esconder, tenemos que luchar", decía ese papel.

Solís coincide con ese pensamiento al afirmar que espera que sus esfuerzos como trabajadores también animen a otros que, como ellos, vivan una situación que ponga en riesgo sus trabajos.

"Nos tenemos que unir, luchar juntos y hacernos escuchar. No tengamos miedo que la batalla apenas comienza", subraya al pedir respeto por los derechos de los inmigrantes.

"Somos humildes pero tenemos principios", señala Solís.

Ramírez, por su parte, lanza sus reclamos por ellos como trabajadores pero también por sus familias. "No somos los criminales que dicen que somos", subraya, en alusión a la retórica migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Ni Solís ni Ramírez quisieron discutir su estatus migratorio.

Tras movilizarse, los trabajadores han conseguido el respaldo de oficiales como la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, el concejal Mark Levine y los senadores de Nueva York, Michael Gianaris y José Peralta.

"Sin comentarios"

Cuando Univision Noticias procuró una reacción de Tom Cat Bakery a las cartas que recibieron sus empleados, un empleado que no se identificó y colgó rápidamente dijo: "No hay comentarios. No soy un oficial".

Minutos después, otro empleado llamado Dan, y quien también colgó la llamada rápidamente sin dar su apellido y otros detalles, indicó: "No sé si la empresa comentará. No hay nadie en estos momentos para hacer un comentario, lo siento".

Diana Marino, organizadora de Brandworkers, menciona que esperan coordinar una página de crowdfunding para recaudar fondos para los trabajadores y sus familias mientras resuelven esta situación.

"Una victoria sería poder mantenerlos en sus trabajos, muchos llevan entre 10 y 18 años trabajando en la empresa", explica Marino. "Pero si no es posible, ellos quieren recibir una indemnización, que la compañía reconozca el esfuerzo de estos empleados para que la companía crezca".

Huang, abogada del Community Development Project del Centro Urbano de Justicia, menciona que hay varias preguntas sobre lo que motivó esta auditoría a esta empresa, entre esas si se debe a que Tom Cat Bakery emplea "primordialmente trabajadores latinos" o porque sus empleados lucharon unos años atrás para organizarse.

Cuando Univision Noticias se le acercó en torno a este caso, la agencia migratoria indicó a través de su portavoz de la oficina de Nueva York, Rachael Yong Yow: “ICE no puede confirmar ni negar la existencia de investigaciones en curso”.

Producto de auditorías de esta naturaleza, por cada trabajador indocumentado, DHS puede multar al dueño de una empresa entre 548 y 21,916 dólares por conocer de la situación.

Vea también:

Lo que cuentan las manos de los campesinos indocumentados en #UnDíaSinInmigrantes

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