El fiscal Sessions amenaza a las ciudades santuario con una orden judicial para que respondan si cooperan con inmigración

El Departamento de Justicia advirtió este miércoles a un grupo de denominadas "ciudades santuario" que deben certificar que están compartiendo información con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de sus residentes. De no certificar su cooperación, serán forzadas a someter los documentos mediante una orden judicial.

Las ciudades santuario son aquellas que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. El Departamento de Justicia quiere obligarlas a cooperar con las autoridades migratorias para facilitar la identificación y remoción de posibles inmigrantes indocumentados del país.

Funcionarios del Departamento de Justicia enviaron cartas a dos docenas de ciudades este miércoles, entre ellas Chicago, Denver, Los Ángeles y Nueva York, así como a los estados de California, Illinois y Oregon, pidiéndoles que certifiquen que están compartiendo información con las autoridades federales y amenazándoles con una orden judicial si no cumplen con el pedido.

“Si estas jurisdicciones no responden a nuestro pedido, no responden por completo o no responden a tiempo ejerceremos nuestra autoridad y emitiremos órdenes pidiendo información”, dice el comunicado en la página del departamento.

En más de una ocasión el Departamento de Justicia y el fiscal general, Jeff Sessions, han amenazado a estas ciudades con recortarles fondos de programas federales de justicia criminal si no comparten información con las autoridades migratorias.

Sin embargo, la amenaza no significa que las jurisdicciones tendrían que asistir a las autoridades con las deportaciones.

Por ejemplo, algunas ciudades santuario se niegan a mantener detenidos a inmigrantes cuando se los pide el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque Sessions ha dado entender que negarse a estas solicitudes es ilegal, la realidad es que los pedidos son de naturaleza voluntaria y no es obligatorio cumplirlos bajo la ley federal.

De igual modo, Sessions ha criticado a los lugares que requieren que sus empleados no le pregunten a los residentes sobre su estatus migratorio. Sin embargo, la ley federal no requiere que las ciudades indaguen sobre el estatus de sus residentes; solo requiere que se mantenga una línea abierta con el gobierno federal y se comparta la información que se tenga a la mano sobre el estatus migratorio de alguna persona.

Por esa razón, muchas ciudades han ignorado las amenazas del Departamento de Justicia. Incluso algunas jurisdicciones -entre ellas Chicago, Philadelphia y el estado de California- han demandado al gobierno federal, alegando que se ha excedido en sus atribuciones al amenazar con quitarle fondos.

En el caso de Chicago, un juez federal prohibió al Departamento de Justicia negarle fondos a la ciudad con base en la disputa por las políticas de santuario. El Departamento está apelando esa decisión.

En noviembre pasado un tribunal federal en California también dejó sin efecto una orden ejecutiva del presidente Donald Trump negándoles fondos a las ciudades santuario.

Un total de 23 ciudades y estados recibieron las cartas del Departamento de Justicia este miércoles y funcionarios dijeron que ya les han advertido en ocasiones previas que deben certificar que están cooperando con las autoridades migratorias si quieren recibir fondos para programas, materiales como chalecos a pruebas de bala o hasta para pagar las nóminas de los policías.

Entre esas jurisdicciones también están el condado de King en el estado de Washingon (donde está ubicada Seattle) y las ciudades de Louisville (Kentucky), San Francisco, Sacramento, Albany (Nueva York) y West Palm Beach (Florida).

Sessions ha culpado a las políticas de ciudades santuario por la criminalidad y la violencia de pandillas y dijo el miércoles que “hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que impiden la ejecución de las leyes migratorias por parte del Gobierno. Ya basta”.