El régimen castrista publicó en La Gaceta que las personas podrán ser ahora dueñas de empresas estatales que pasarían a ser privadas, con el propósito de que mejore la economía de Cuba, pero expertos consultados por Noticias 23 señalan que se trataría de un engaño.

Existen muchos interrogantes sobre cuáles serán con exactitud esas empresas estatales o del gobierno en las cuales las personas que sean naturales, y jurídicamente cubanos, pudieran invertir.

“En realidad la ley no es nada del otro mundo, está muy hueca y dispersa. Podría darle esas prerrogativas a muchos dirigentes y exmilitares, en un proceso parecido al que se hizo en Rusia, cuando se cayó la Unión Soviética”, señaló Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group y estudioso de la economía de Cuba.

Sobre los trasfondos de la ley también supone que serían militares o familiares de los Castro, quienes inviertan el dinero, para de esta forma llamar menos la atención.

“Los que tienen el capital son ellos, escondido en paraísos fiscales y demás, quizá sea una operación para incorporar todo ese dinero o parte de ese dinero en estas empresas estatales cuando se conviertan en privadas, y darles cuotas de poder a todas estas personas que son de confianza del estado”, dijo

La ley también prohíbe que cubanoamericanos e incluso cubanos residentes de otros países, puedan invertir en estas empresas.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que un cubano en el exterior quiera mandarle el dinero a un familiar para que sea el que invierta, Emilio Morales señaló que no cree que alguien quiera invertir su dinero a un riesgo tan alto.

Sin garantías legales

Sobre las garantías legales que pudieran tener quienes se arriesguen a invertir su dinero, el abogado Nick Gutiérrez opinó que se trata de un país donde no hay un estado de derecho ni seguridad jurídica, y que “ellos pueden robarle a estos nuevos inversionistas”.

En el caso de los negocios y bienes que fueron expropiados tras el triunfo de la revolución, aconseja ser muy cuidadosos y no invertir en terrenos o empresas que estén en litigios en cortes internacionales.

“Mientras no estén tratando con el legítimo dueño, van a tener problemas legales en el futuro”, afirma Gutiérrez.

La desconfianza persiste, pues a lo largo del proceso revolucionario han sucedido hechos parecidos. En algún momento se autorizaron las licencias para pequeñas compañías y después el régimen decidió retirarlas, y las personas perdieron su dinero.

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