Familiares de estadounidenses asesinados por las FARC en 1993 demandan a la empresa de plátanos Chiquita

Las familias de seis estadounidenses secuestrados y asesinados en Colombia en 1993 por la organización terrorista FARC están reclamando decenas de millones de dólares por daños y perjuicios de la gigante bananera Chiquita Brands International debido a los pagos que la compañía hizo al grupo armado, según lo reportó Associated Press (AP).

El juicio comenzó este lunes en la corte federal de West Palm Beach en demandas que acusan a Chiquita de violar la Ley Antiterrorista.

La empresa admitió haber pagado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alrededor de 220,000 dólares, pero insiste en que lo hizo solo para proteger a sus empleados.

De acuerdo con documentos judiciales, se encontraron 10,000 dólares escondidos en un neumático de repuesto en la parte trasera de un Jeep, que presuntamente un ejecutivo de la empresa había pagado en efectivo a los guerrilleros.

Las familias de las víctimas afirman que el apoyo financiero de Chiquita a las FARC, como grupo terrorista conocido, significa que debe responsabilizarse por la muerte de los estadounidenses y pagar daños y perjuicios.

Las familias deben demostrar que los ejecutivos de Chiquita sabían que las FARC estaban involucradas en actos terroristas violentos que podrían afectar a los estadounidenses y que las muertes de sus seres queridos eran previsibles cuando se hicieron los pagos, dijo Gary Osen, abogado de los demandantes.

"Estas son personas que han pasado por una cantidad enorme en sus vidas. Han esperado 10 años por su día en la corte", dijo Osen.

En un comunicado emitido en enero, Chiquita, con sede en Suiza, señaló que su única motivación para pagar a las FARC era proteger a sus propios empleados de la violencia.

"Hemos sido claros en que, en todo momento, la compañía priorizó la seguridad de sus empleados y sus familias, y actuó en consecuencia", reza el comunicado.

No es la primera vez que esta compañía se ve envuelta en un litigio de este tipo. En 2007, Chiquita se declaró culpable de haber pagado 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1997 y 2004. Una corte federal de EEUU ordenó a la empresa a pagar una multa de 25 millones de dólares.

Fue solo después de que el caso se hizo público que los familiares de los seis estadounidenses asesinados por las FARC se enteraron de que Chiquita también había pagado a las FARC, lo que dio lugar a las demandas.

Cinco de los estadounidenses asesinados por las FARC eran miembros de un grupo misionero con sede en Sanford, Florida, llamado New Tribes Mission: David Mankins, Rich Tenenoff, Mark Rich, Stephen Welsh y Timothy Van Dyke. El sexto, Frank Pescatore Jr., era geólogo de una compañía de Alabama que trabaja en un proyecto en Colombia y fue fusilado tratando de escapar de sus secuestradores, de acuerdo con documentos judiciales.

"Solo estábamos allí para ayudar a la gente"

Tania Julin, residente de Winter Springs, Florida, se casó con Rich la noche en que fue secuestrado el 31 de enero de 1993 en la aldea de Pucuro, Panamá, a unos 24 kilómetros de la frontera con Colombia. Ella dijo que varios hombres armados irrumpieron en su casa, donde dormían sus dos hijas pequeñas, ataron a Rich y le ordenaron a él, a Mankins y a Tenenoff que se fueran hacia la selva.

Ella más nunca volvió a ver a su marido. "Fue tan aterrador. Nunca imaginé. Fue tan inesperado. Tenía solo 23 años, tenía dos hijas pequeñas", dijo Julin a la agencia AP. "Estaba aterrorizada de lo que podría pasar y estaba tan confundida acerca de por qué alguien nos hacía esto. Solo estábamos allí para ayudar a la gente", recuerda.

Más tarde, las FARC exigieron un rescate de 5 millones de dólares para los tres, pero pronto se hizo evidente que los hombres probablemente habían sido asesinados, dijo Julin. Les llevó años a las familias averiguarlo con certeza, y nunca recibieron ningún resto de sus seres queridos.

"Los años de no saber fueron muy difíciles. Lo único que las chicas querían para Navidad era que su papá volviera a casa. Fueron muchos años de penas decepcionantes y difíciles de ver para que las niñas crecieran sin su padre ," declaró.

Mucho antes de esas muertes, Chiquita había establecido alrededor de 35 fincas bananeras en la región de Urabá, Colombia, en las que empleaban alrededor de 3,000 personas.

Era bien sabido que las FARC estaban activas en el área y rutinariamente usaban extorsiones y amenazas para obtener pagos de personas y empresas, una práctica común a la que se le conoce como "vacuna".

La primera demanda de pago que le hicieron las FARC a Chiquita fue en 1989, cuando el grupo solicitó 10,000 dólares. De acuerdo a los documentos de la corte, los ejecutivos de Chiquita decidieron hacer el pago, el primero de los 57 que otorgarían a las FARC en la siguiente década.

La empresa consultora Control Risks que trabajó con Chiquita describió la naturaleza calamitosa del problema en una nota en ese momento, según lo demuestran los documentos judiciales: "Hay que pagar. Estas personas son serias. Los militares no pueden controlarlos", decía el memorándum. "No se puede simplemente entregarlos, darles sus nombres a alguien. Porque ellos pueden vengarse", cita AP.

A pesar de su insistencia en que el dinero se pagó para proteger a los empleados, los ejecutivos de Chiquita lo discutieron en términos de un costo de hacer negocios en esa zona, y la empresa no tenía intención de poner fin a sus operaciones bananeras en Colombia, según muestran los documentos referidos por Associated Press.

"No vamos a dejar de hacer negocios en Colombia por tener que gastar 25,000 dólares extra. Eso no es realista, ¿verdad?", dijo un ejecutivo, según los récords consignados en la corte.

Kenneth Marra, el juez que presidirá el juicio, dictaminó en enero que Chiquita no puede usar como argumento de su defensa que los pagos se hicieron únicamente bajo coacción. "No hay evidencia de un ultimátum o amenaza específica por parte de un comandante de las FARC en ningún momento durante los nueve años que pagaron dinero a las FARC", escribió Marra.

"Chiquita tenía alternativas razonables y legales para mantener y expandir sus operaciones en Colombia. Se podría haber retirado y podría haber buscado la intervención del gobierno en Colombia o de Estados Unidos", opinó el magistrado.

Aunque la demanda no pide daños específicos, el abogado de los demandantes, Osen, dice que otros casos similares han dado como resultado veredictos por decenas de millones de dólares, en parte porque los daños otorgados se triplican automáticamente. "Los familiares de las víctimas del terror sufren de forma única debido a la naturaleza impactante e inesperada, así como por la malicia y crueldad involucradas", dijo Osen.

Julin dijo que después de todo este tiempo ella está ansiosa pero también optimista ahora que el caso se dirige al juicio. "Hay una sensación de un poco de nervios, pero una sensación de que algunos errores se compensaron", dijo a AP.