Volver al Acapulco violento: el drama de una pareja que fue deportada tras vivir casi 30 años en California

LOS ÁNGELES, California.- Desde su deportación a principios de enero, Neófita Valerio, quien vivió casi 30 años en el valle central de California, ha sido una extraña en la ciudad donde nació, Acapulco, en el sureste de México. Esa larga ausencia no solo borró de su memoria los lugares, sino que la tuvo ajena a la violencia extrema que ahora tiene como rehén a los habitantes de su amado puerto.

"Cambió demasiado, demasiado, demasiado", lamenta Neófita, de 48 años, en una entrevista con Univision Noticias. Lleva apenas 13 días en Acapulco y aún trata de asimilar que ha llegado a un campo de guerra entre células del crimen organizado y el gobierno. Ella emigró de un sitio pacífico que –en 1992– recibía a turistas de todo el mundo, pero la recibió un lugar que amanece con cadáveres desmembrados y perforados a tiros. En 2017 hubo un promedio de seis asesinatos diarios.

"Cuando yo vivía aquí se podía caminar hasta de noche y ahora a las 4 de la tarde es un peligro andar en la calle", dice Neófita, cuyo caso de deportación es –por sí solo– una tragedia. En California dejó a sus tres hijos, de entre 16 y 23 años, todos nacidos en Estados Unidos. A su esposo, Carlos Bernal, también originario de Acapulco, lo expulsaron de EEUU en agosto de 2017, dejándole a ella la carga económica de la casa. Tras su salida el 6 de enero, la cual no se evitó a pesar de la presión de un congresista y la comunidad, la hija mayor, Susan, se ha hecho cargo de tan grande responsabilidad.

La salud de Neófita se ha visto mermada por la tristeza de estar separada de sus hijos y por vivir en un lugar tan inseguro.

"Todos los días amanezco con dolor de cabeza. Me la paso acostada, me siento mal, no puedo salir. También siento desesperación porque no puedo andar en la calle por el peligro", asegura esta mujer, que en su segundo día en Acapulco se topó con una escena perturbadora.

"Bajé a la tienda y miré a un montón de policías y había un muerto tirado; llegué asustada a la casa", relata Neófita, quien era catequista en una iglesia católica.

Su familia le ha dado varios consejos para no ser víctima de los delincuentes: que se cuide al caminar en la calle, que no saque el celular en público, que solo salga durante el día. "Mis hijos no pisarían este lugar, no me siento segura", menciona ella.

Neófita y su esposo Carlos comenzaron un proceso para legalizarse a mediados de la década de 1990. El trámite se basaba en el tiempo que llevaban viviendo en EEUU y después, en sus tres hijos. El caso fue rechazado en 1998, pero su abogado llevó el expediente a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que desestimó el proceso en 2006. Tres años más tarde se agotaron todos sus recursos, pero continuaron acudiendo ante las autoridades migratorias para presentar talones de pago, hasta calificaciones de sus hijos.

El matrimonio, que radicaba en la ciudad de Grover Beach, fue renovando sus permisos de trabajo y de estadía en el país durante varios años. Pero en agosto pasado, Carlos recibió una mala noticia en la oficina de Inmigración. "Me dijeron que ya no había validez en los papeles que estábamos presentando, que era muy tarde", contó Carlos.

A principios de este año, le tocó el turno a Neófita, quien trabajaba en un hotel. "Ni siquiera dejaron que les mostrara los papeles que llevaba", contó ella. El 3 de enero la deportaron.

Entre las masacres y la pobreza

Lori Haley, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, indicó que un juez de inmigración determinó que Neófita "no tenía base legal para vivir en Estados Unidos y ordenó en 2005 su deportación a México".

La portavoz recalcó que a este caso se le concedieron varias oportunidades. "Cabe señalar que los oficiales de ICE le otorgaron un total de seis estancias de deportación mientras ella apelaba su caso en los tribunales", señaló Haley.

A Carlos, quien se ganaba la vida administrando un restaurante, le tocó enfrentarse primero al Acapulco sumido por la violencia y la pobreza. Desde agosto solo ha conseguido un empleo temporal por el cual cobró 1,400 pesos (71 dólares) semanales. Dice que su edad, 50 años, le ha jugado en contra.

"Aquí no ando en lugares peligrosos, ni estoy afuera después de las 7:00 de la tarde. Las calles son peligrosas, cada fin de semana hay enfrentamientos, amanecen muertos todo el tiempo", señala.

Uno de sus familiares fue asesinado recientemente por el crimen organizado. "Estamos con miedo, lo mataron por equivocación", dijo. Carlos planeaba mudarse a Cabos, en Baja California Sur, pero la deportación de su esposa le puso una pausa a su deseo.

Guerrero, estado donde se encuentra Acapulco, tiene la etiqueta de 'No viajar a' que recientemente le colocó el Departamento de Estado de EEUU. Hace unos años, la dependencia sugería permanecer solo en la zona turística del puerto, pero dicha alerta de viaje se ha extendido a toda la entidad.

De ser considerada una de las ciudades más violentas de México, inclusive del mundo, al puerto le colocaron hace poco otro título infame: el de la más peligrosa para las mujeres. Ahí fueron asesinadas más de 140 mujeres en 2017.

La hija mayor de este matrimonio, Susan, también vive preocupada por la seguridad de sus padres. "Sé que tienen miedo de estar allá y es muy difícil para ellos porque tiene que empezar de nuevo", dijo esta joven que trabaja como asistente de un doctor.

Ella planea salir de San Diego y mudarse a Grove Beach para cuidar a sus hermanos y continuar pagando la hipoteca de una casa que sus padres compraron en 2003. "Es bien injusto, entiendo que deporten a los criminales, pero no lo deben hacer con los que trabajan duro y que buscan una vida mejor. Al final no importó que pagaban impuestos, ni sus trabajos", reprochó.

Carlos dice que se ha desahogado con parejas de turistas estadounidenses que ha conocido en Acapulco. "He llorado con parejas de San Francisco, San Diego y Utah. Me dicen: ‘wow, te deportaron después de toda una vida’", dice.