Pandilleros podrán regresar a las esquinas de Los Ángeles y marcar territorio

LOS ÁNGELES, California.– La primera vez que a Peter Arellano lo detuvo la Policía de Los Ángeles (LAPD) fue en el 2006, cuando tenía 10 años, acusado de ser miembro de la pandilla 'Big Top Locos' de Echo Park.

Lo tacharon como uno de los tantos pandilleros que en ese vecindario de la ciudad solía pararse en las esquinas para preguntar a todo aquel que pasaba: "¿Qué barrio ese?".

Por eso el LAPD lo puso en la lista negra al considerarlo un chico problemático, de esos que vestidos con ropa holgada se ponían a hacer señas con los dedos de ambas manos, como si la artitritis les hubiera llegado a temprana edad, pero que lo hacían para “tirar barrio”, para dejar en claro que ese era su territorio.

A esa primera detención le siguieron muchas más en las que los policías lo identificaban con los apodos de ‘Pee-Dog’, ‘Listo’ o ‘Pee’.

Para el año del 2013 la Procuraduría de la Ciudad de Los Ángeles estableció en Echo Park una orden judicial de restricción conocida como ‘gang injunction’, la cual establece una zona geográfica en la que los pandilleros documentados por el LAPD no pueden reunirse, ni andar por las calles para tratar de evitar que causen problemas.

A partir de entonces, todo aquel que tuviera pinta de pandillero en esa llamada “zona segura” se arriesgaba a ser detenido y encarcelado hasta por seis meses.

Sin embargo, ese recurso legal que por años ha utilizado el LAPD para combatir a las pandillas de la ciudad, podría ser anticonstitucional y por ello un tribunal federal emitió el jueves un fallo preliminar que prohíbe su implementación.

Esa medida contra los pandilleros o ‘gang injunction’ fue establecida por primera vez en la ciudad de Los Ángeles a finales de la década de 1980.

En la actualidad 79 pandillas de las más de 400 pandillas que hay en la ciudad, según datos del LAPD, han sido restringidas mediante ese recurso que las autoridades creen ha sido bastante efectiva para reducir los dramáticos niveles de criminalidad que se registraron en la década de 1990, pasando de 803 asesinatos vinculados a las pandillas en el año de 1992 a 157 en el 2017.

Pero para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), las órdenes de restricción a las pandillas violan el debido proceso de defensa al que tiene derecho todo aquel que es acusado de un delito y por eso en octubre de 2016 presentó una demanda en representación de Peter Arellano.

Al revisar los argumentos de la demanda, la juez Virginia Phillips, jefa del tribunal federal de distrito en Los Ángeles, consideró que la restricción a pandilleros pudiera ser inconstitucional, ya que aparentemente a los detenidos no se les dio oportunidad de defenderse.

“Este fallo envía a la ciudad un mensaje claro, que no puede quitar las libertades básicas de los angelinos por capricho”, declaró Melanie Ochoa, abogada de ACLU.

El jefe del LAPD, Charlie Beck, dijo a través de un comunicado que buscará desafiar esta decisión judicial para reestablecer las ‘gang injunctions’, porque dice que son parte de la estrategia municipal que, a la par de programas de intervención y rehabilitación, así como de acciones policiacas, redujeron un 50% los delitos relacionados con las pandillas desde 2008.

“Solo esta estrategia ha salvado cientos de vidas desde su inicio y nos ha hecho a todos más seguros, al reducir la guerra entre pandillas y sus consecuencias, intencionales y no intencionales”, expresó Beck.

El fallo preliminar de la juez Phillips levanta las sanciones impuestas a casi 7,500 residentes de Los Ángeles que como Peter Arellano recibieron órdenes de restricción al ser considerados miembros de pandillas por el LAPD.