Donald Trump está aprovechando el actual cierre del gobierno como una oportunidad para reestructurar la plantilla de empleados federales y castigar a sus detractores, amenazando con despidos masivos y sugiriendo la posibilidad de recortes "irreversibles" a programas que son importantes para los demócratas.
Cómo Trump usa el cierre del gobierno para justificar despidos y castigar a los demócratas
El presidente amenazó con realizar despidos masivos entre los empleados federales y con grandes recortes sobre programas estratégicos para los demócratas.

En lugar de simplemente suspender temporalmente a los trabajadores, como suele hacerse durante cualquier interrupción de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los despidos eran "inminentes".
La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de aproximadamente $18,000 millones en fondos de infraestructura para los proyectos del metro de Nueva York y el Túnel Hudson, en la ciudad natal de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
Trump se ha mostrado más que satisfecho con la labor de su director de presupuesto.
"Puede recortar el presupuesto a un nivel que no se podría lograr de otra manera", declaró el presidente a principios de semana sobre el director de la OMB, Russ Vought, quien también fue uno de los principales artífices del programa de políticas conservadoras Proyecto 2025.
"Así que se arriesgan al cerrar el gobierno", advirtió Trump durante un evento en la Casa Blanca.
Segundo día de cierre de gobierno
Este jueves es el segundo día del cierre, y la situación ya está muy avanzada. El enfoque agresivo del gobierno de Trump es lo que ciertos legisladores y analistas presupuestarios temían si el Congreso, responsable de aprobar la legislación para financiar el gobierno, no llegaba a un acuerdo y cedía el control a la Casa Blanca.
En una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, Vought les informó sobre los despidos que prevén comenzar en uno o dos días.
Se trata, de algún modo, de una ampliación del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) anteriormente liderado por Elon Musk, que recortó drásticamente el gobierno federal a principios de año.
"Todas estas son medidas que el gobierno de Trump ha estado implementando desde el 20 de enero", dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo en este segundo mandato. "La crueldad es el punto".
Sin un final del cierre de gobierno a la vista, el estancamiento podría prolongarse este mes de octubre, con los trabajadores federales que permanecen en sus puestos sin recibir sus salarios.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), una entidad independiente, ha estimado que aproximadamente 750,000 trabajadores federales serían suspendidos temporalmente durante el cierre, lo que representa una pérdida de $400 millones diarios en salarios.
Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres de gobierno anteriores provocaron una "reducción de la demanda agregada de bienes y servicios en el sector privado, lo que redujo el PIB", afirmó la CBO.
"El estancamiento del gasto federal en bienes y servicios provocó una pérdida de ingresos del sector privado que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía", agregó.
En general, la CBO indicó que hubo una "disminución de la producción económica", pero que esta se revirtió una vez que la gente regresó al trabajo.
"Cuanto más se prolongue esto, más sufrimiento se infligirá", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, "porque es inevitable cuando el gobierno cierra".
Sin previsión de un acuerdo inminente que acabe con el cierre
No se espera que Trump y los líderes del Congreso se reúnan pronto. El Congreso no tiene programada ninguna acción para este jueves con motivo de la conmemoración de la festividad judía de Yom Kipur. Los senadores regresarán al trabajo el viernes, mientras que la Cámara de Representantes reanudará sus sesiones la próxima semana.
Los demócratas se mantienen firmes en sus exigencias sobre financiación de la atención médica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre el aumento repentino de los precios para millones de personas en todo el país.
La ONG Kaiser Family Foundation estima que las primas de seguro aumentarán a más del doble para quienes adquieran pólizas en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare.
Los republicanos han abierto la puerta a la negociación sobre el tema de la atención médica, pero los líderes republicanos afirman que puede esperar, ya que los subsidios que ayudan a las personas a adquirir seguros privados no vencen hasta fin de año.
"Estamos dispuestos a dialogar sobre cómo garantizar que los estadounidenses sigan teniendo acceso a la atención médica", declaró el vicepresidente JD Vance este miércoles en la Casa Blanca.
Sin embargo, con el Congreso paralizado, la administración Trump ha aprovechado nuevas herramientas para determinar cómo moldear el gobierno federal.
El gobierno de Trump puede acceder a fondos para pagar a los empleados del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional, provenientes de lo que comúnmente se conoce como la "Gran y Hermosa Ley" de Trump, promulgada este verano, según la Oficina de Presupuesto (CBO).
Esto garantizaría la continuidad de la agenda de control migratorio y deportaciones masivas del republicano. Sin embargo, los empleados que permanecen en sus puestos en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno reabra para recibir su salario.
Vought, de la Oficina de Presupuesto, ya desafió la autoridad del Congreso este año al intentar recuperar y rescindir fondos que los legisladores ya habían aprobado para el programa educativo para familias de bajos ingresos Head Start, proyectos de infraestructura de energía limpia, ayuda exterior y la financiación de la radio y televisión públicas.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental emitió una serie de avisos excepcionales sobre casos en los que las acciones del gobierno han violado la ley. Sin embargo, la Corte Suprema permitió a finales de la semana pasada que la rescisión del gobierno de casi $5,000 millones en ayuda exterior siguiera adelante.
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