El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado, en el marco de una escalada de la tensión con el mandatario Nicolás Maduro.
Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado". No queda claro qué significa
Sin mayores detalles, el mandatario estadounidense aseguró que cualquiera debe considerar el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado. Hace un par de días, había informado sobre un supuesto pronto inicio de operaciones por tierra para detener a presuntos narcotraficantes de Venezuela. El gobierno de Maduro calificó la medida como "amenaza colonialista ilegal".
Video Régimen de Maduro responde a mensaje de Trump de considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar detalles.
Trump no tiene autoridad para cerrar el espacio aéreo de un país que no gobierna. Sin embargo, su escrito llega luego de que aseguró el jueves que las fuerzas militares de Estados Unidos iniciarían "pronto" operaciones por tierra para frenar a los "narcotraficantes" de Venezuela y acabar con el supuesto flujo de drogas hacia su país.
Y también después de que, días antes, varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos a Venezuela porque el regulador estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), advirtió sobre un aumento de la actividad militar en la zona.
La Casa Blanca no respondió a preguntas de AP sobre lo que Trump publicó en su plataforma Truth Social, y no quedó claro si estaba anunciando una nueva política o simplemente reforzando el mensaje en torno a su campaña contra Maduro.
La respuesta desde Venezuela llegó cerca del mediodía de este sábado: "Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo", publicó en redes sociales Yván Gil, canciller del gobierno del venezolano Nicolás Maduro.
El comunicado señala que se "repudia con absoluta contundencia" el anuncio de Trump, considerando que "pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela" al intentar imponer "órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano".
Aunado a esto, este sábado las fuerzas armadas venezolanas realizaron ejercicios costeros para "detectar cualquier acción enemiga" hacia el territorio, en una transmisión por el canal de tv estatal VTV, que mostró imágenes de movilización de soldados armados, equipos lanzacohetes y baterías antiaéreas.
Venezuela el miércoles ya había cancelado los permisos de operación de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, empresas que habían suspendido sus conexiones con Venezuela por la alerta de actividad militar en el sur del Caribe.
La jurisdicción de la FAA se limita generalmente a los Estados Unidos y sus territorios. La agencia advierte habitualmente a los pilotos sobre los peligros de sobrevolar zonas en conflicto o con actividad militar en todo el mundo, como hizo a principios de este mes con Venezuela, y colabora con otros países y con la Organización de Aviación Civil Internacional en cuestiones internacionales.
La FAA y la OACI no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el sábado.
Presión militar de EEUU y canales diplomáticos con Venezuela
Desde el 2 de septiembre, los militares de EEUU han atacado unas 21 pequeñas embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental, matando al menos a 80 tripulantes que, según el Pentágono, eran "narcoterroristas". Sin embargo, el gobierno de Trump no ha mostrado prueba de esas acusaciones, y las muertes han sido duramente criticadas y catalogadas por congresistas y por la ONU como "ejecuciones extrajudiciales".
El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.
En medio del despliegue de la flota militar que EEUU ha acumulado desde septiembre en el Caribe, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que las embarcaciones atacadas eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.
La campaña militar de EEUU ha supuesto el envío del portaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, y su grupo de ataque, para conformar una flotilla de casi una docena de barcos de guerra, con decenas de aviones caza, bombarderos y espías, aunados a casi 15,000 soldados y marines.
El despliegue es visto como una intimidación que fuerce la salida del poder del mandatario venezolano, al que Washington considera como líder del Cartel de los Soles, y por quien se ofrece una recompensa de $50 millones, con una acusación en Nueva York por presuntamente conspirar para "inundar Estados Unidos con cocaína".
En ese sentido, la presión militar es cada vez mayor contra el régimen de Maduro: las fuerzas militares estadounidenses se han posicionado cerca de Venezuela con permisos de uso de bases en República Dominicana, más las que ya tienen en Puerto Rico; y se prevé la instalación de un sistema de radar en Trinidad y Tobago.
También se incluye entre las medidas de presión la declaratoria del Cartel de los Soles como organización terrorista, y los reiterados vuelos de aviones bombarderos y cazas de EEUU cerca de las costas de Venezuela.
¿Se suspenderán los vuelos con venezolanos deportados desde EEUU?
No obstante este incremento de la fuerza militar, algunos canales diplomáticos parecían mantenerse entre Trump y Maduro.
El diario The New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.
La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.
Una de las pocas señales visibles de relación diplomática eran los vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos indocumentados detenidos en Estados Unidos, y que ocurrían semanalmente con ruta a Caracas, incluso pese a la campaña militar que EEUU llama 'Lanza del Sur'.
Ahora, tras el anuncio de Trump sobre el espacio aéreo venezolano, el régimen de Maduro asumió por terminada esa operación de retorno. El canciller Gil dijo este sábado que con las palabras de Trump "el gobierno de Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando".
No queda claro si EEUU continuará deportando a inmigrantes venezolanos y si Caracas los recibirá como ha sucedido en los últimos meses.
El balance de esos vuelos de repatriación es de 13,956 personas en 75 viajes, según Gil.
Controversias sobre legalidad de los ataques a 'narcolanchas'
La Casa Blanca y el Pentágono han defendido que la campaña militar contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico oriental es legal. Sin embargo, reportes periodísticos, opiniones de expertos y declaraciones de entes multilaterales como la ONU han subrayado, por decir lo menos, lo controversial de los ataques contra supuestos narcotraficantes a bordo de esas embarcaciones.
Esta semana se divulgaron reportes de que en el primer ataque a una supuesta embarcación con drogas, ocurrido el 2 de septiembre, las fuerzas especiales de EEUU a cargo de la operación debieron disparar en dos ocasiones contra la lancha, cuando tras una primera ofensiva quedaron dos sobrevivientes colgados al pequeño barco, según historias publicadas por The Washington Post, CNN y The Intercept, basadas en fuentes conocedoras del asunto.
El Post indica que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una orden verbal de no dejar personas con vida, por lo que cuando el equipo de operaciones especiales observó que había dos personas con vida aferradas a los restos de la embarcación recién atacada, vino una segunda ofensiva que acabó con ellos.
Por su parte, el reporte de CNN explica que antes del operativo el secretario Hegseth había dado la orden de matar a todos los tripulantes de la embarcación, pero indica que no estaba claro si estaba enterado de que había sobrevivientes antes del segundo impacto.
The Intercept fue el primer medio en reportar los hechos, unos días luego del ataque en cuestión pasado.
Captura de pantalla de un video publicado por el secretario de Defensa Pete Hegseth para ilustrar el ataque a una lancha presuntamente de narcotraficantes en el Pacífico.
Imagen Secretary of War Pete Hegseth/X
Sin embargo, Hegseth se mantuvo firme en su posición sobre la validez de los operativos militares, incluso tras conocerse los reportes de ataques reiterados, y subrayó que los fallecidos pertenecen supuestamente a organizaciones terroristas.
Sin aludir directamente a las publicaciones periodísticas, Hegseth dijo en sus redes sociales que "como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria".
El senador republicano Roger Wicker, de Misisipi, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y el principal demócrata del comité, el senador Jack Reed, de Rhode Island, afirmaron en una declaración conjunta el viernes por la noche que el comité "llevará a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias".
Y el "Grupo de Antiguos Abogados Generales", un colectivo de otrora abogados del Ejército y la Fuerza Aérea, publicó un comunicado este sábado afirmando que "tanto la emisión como la ejecución de estas órdenes" de atacar nuevamente a los sobrevivientes, "de ser ciertas, constituyen crímenes de guerra, asesinato o ambos".
Y agregan que "cualquiera que emita o cumpla tales órdenes puede y debe ser procesado por crímenes de guerra, asesinato o ambos".
Hegseth afirmó que estos ataques contra presuntas lanchas narcotraficantes están "específicamente diseñados para ser 'ataques letales y cinéticos'", y reiteró que decidieron actuar distinto al gobierno anterior: "Biden mimaba a los terroristas, nosotros los matamos".
El jefe del Pentágono insistió en que "nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".
Muertes y no procesamiento judicial
Fuentes citadas por CNN comentaron su preocupación sobre si hubo un segundo ataque a esos tripulantes presumiblemente heridos, y considerados 'fuera de combate', que según las leyes internacionales no pueden ser ejecutados.
La ONU también ha expresado sus críticas a la campaña militar. A finales de octubre, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo que EEUU debía tomar medidas para evitar "el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los delitos que se les imputen", en lo que llamó "operaciones inaceptables".
En las operaciones antidrogas en altamar se suele seguir un procedimiento por parte de la Guardia Costera, donde los los sospechosos eran capturados y procesados, y la mercancía confiscada.
Pero el exabogado de Trump, antiguo alto funcionario del Departamento de Justicia en esta administración, y actual juez de Apelaciones, Emil Bove, sugirió hace varios meses, bastante antes de que empezaran los ataques a las lanchas, que el gobierno de Trump debía simplemente hundir las embarcaciones envueltas en tráfico de drogas, según fuentes citadas por NPR.
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