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Inmigración

Los Ángeles demanda al gobierno de Trump alegando que recortes a ciudades santuario afectan plan antipandillas

La metrópoli que ha exportado pandillas tan temibles como la Mara Salvatrucha (MS-13) le advierte a la administración federal que si cancelan los fondos enviados a las ciudades santuario afectará los esfuerzos en contra de estos grupos delictivos.
23 Ago 2017 – 9:06 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Aunque sus políticos no la han declarado oficialmente ciudad santuario, Los Ángeles demandó este martes al gobierno de Donald Trump ante su amenaza de cancelarle fondos federales por defender a los indocumentados. Con ese dinero, indicó la Fiscalía local, el municipio combate a las temibles pandillas, irónicamente una de las prioridades del nuevo huésped de la Casa Blanca.

Esto ocurre cuando la legislatura de California se prepara para debatir la propuesta de ley SB 54, que l e otorgaría la designación de estado santuario, prohibiendo que se utilicen los recursos locales y estatales en los operativos migratorios federales. La llamada Ley de Valores de California, presentada por el presidente del Senado, Kevin de León, ya se aprobó en ese órgano y ahora se revisa en la Asamblea.

Hace una semana, el fiscal general de California, Xavier Becerra, también demandó a la administración de Trump por sus advertencias de recortar el presupuesto a las ciudades santuario, considerando estas acciones como "inconstitucionales" y riesgosas para la seguridad pública.

Un argumento similar incluyó la Fiscalía de Los Ángeles en la querella interpuesta este martes.

"Estamos demandando para impedir que la administración Trump imponga inconstitucionalmente su voluntad en nuestra ciudad. El gobierno pondría a Los Ángeles en la opción insostenible de arriesgar una subvención clave para la seguridad pública o haría que la Policía de Los Ángeles sea un brazo de la política federal de inmigración", dijo el procurador municipal Mike Feuer.

Este año, la ciudad y el condado de Los Ángeles esperan recibir un fondo federal compartido de 1.9 millones de dólares, de los cuales 800,000 dólares se usan en programas antipandillas. Este municipio tiene una gama de actividades enfocadas en combatir este problema social, como un sistema de 'interventores' de pandillas (antiguos pandilleros que dialogan con las bandas después de tiroteos y asesinatos para tratar de evitar las venganzas), ayudas económicas a organizaciones y la apertura de centros de recreación durante las noches en las zonas más afectadas por la violencia de estos grupos delictivos.

El tamaño de este esfuerzo a nivel local solo refleja el del problema. Aquí hay unas 450 pandillas con alrededor de 45,000 miembros y asociados. Es justo donde nacieron varias de las bandas más violentas, incluida la Mara Salvatrucha (MS-13), el objetivo principal de la administración Trump.


El año pasado, el estado y las ciudades de California recibieron $28 millones en subvenciones para la aplicación de la ley. Esa cantidad la ha distribuido en base a la población y los índices delictivos. No está claro cuánto se recortaría por el veto a las jurisdicciones santuario.

"La acción de la administración es tan irónica como ilegal, ya que los fondos en juego apoyan un programa modelo dirigido a los delitos violentos relacionados con las pandillas", añadió el fiscal Feuer.

Debate entre fiscales

Esta demanda fue presentada en San Francisco, con la idea de unirse a la Procuraduría estatal, la ciudad de San Francisco y otros que desafían las políticas de Trump.

"Tenemos una responsabilidad con las familias de Los Ángeles para luchar siempre por su seguridad y protección", expresó, por su parte, el presidente del Concejo de Los Ángeles, Herb Wesson. "Nuestra ciudad es un faro de luz para el resto del país porque no comprometemos nuestros valores, sin importar lo que el gobierno federal exige", agregó.

Las acciones legales de Los Ángeles y San Francisco se unen a otras iniciativas en todo el país como la de Chicago, que hace unos días denunció al Departamento de Justicia por negarle fondos federales debido a que es una ciudad santuario.

El fiscal general, Jeff Sessions, en respuesta a la demanda presentada por Chicago, afirmó que dicha acción legal no servirá para que reciban los fondos federales y aseguró que "el dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos".

El Departamento de Justicia confiaba en doblegar a las ciudades santuario con nuevas reglas que incluyen garantizar el acceso sin límite a los agentes federales en las ciudades para que busquen a inmigrantes indocumentados, o la obligación de que la Policía avise con un plazo de 48 horas de anticipación cualquier intención de liberar a un detenido sin papeles.

Feuer indicó que desde el pasado 4 de agosto ha tratado de comunicarse con la dependencia a través de distintos medios, buscando despejar algunas dudas sobre tal plazo, pero su oficina afirma que "a la fecha, el Departamento de Justicia no ha emitido ninguna aclaración".

En fotos: Así nacieron y echaron raíces las pandillas centroamericanas en Estados Unidos

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