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Chicago presenta su demanda al gobierno por la amenaza contra las ciudades santuario

Chicago presenta su demanda al gobierno por la amenaza contra las ciudades santuario

Lo próximo será presentar una moción preliminar para prohibir que el Departamento de Justicia imponga nuevas reglas para recibir fondos de Byrne JAG, el mayor programa federal de fondos de prevención de crimen y violencia.

Chicago planea demandar al Gobierno Federal por su posición ante las ciudades santuario Univision

CHICAGO, Illinois.- Chicago cumplió con su promesa y presentó este lunes una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ), retando su intención de retener fondos a las llamadas ciudades santuario si no eliminan ciertas políticas de protección de indocumentados.

Rahm Emanuel, alcalde de la ciudad, busca que un juez federal bloquee el intento del fiscal general Jeff Sessions de imponer su nueva política, que afectaría no solo a Chicago sino también a otras ciudades como Nueva York y San Francisco, que también han alzado la voz en defensa de los inmigrantes.

La querella de 46 páginas pide que se detenga al DOJ de ejecutar las nuevas directrices de subvenciones, incluyendo una que "daría a los funcionarios federales de inmigración acceso ilimitado a las estaciones de policía y a las instalaciones policiales para interrogar a cualquier sospechoso no ciudadano en todas las instalaciones de detención de la Ciudad", indica el documento.

Demanda presentada por la ciudad de Chicago contra el DOJ


"Estas nuevas condiciones, que darían a los funcionarios federales el poder de ingresar a las instalaciones de la ciudad e interrogar a los arrestados a voluntad, obligarían a la Ciudad a detener a individuos más tiempo de lo justificado por causa probable, únicamente para permitir a los funcionarios federales investigar su estatus migratorio, lo cual es inconstitucional”, agrega la demanda.

La respuesta del Departamento de Justicia no se hizo esperar. Jeff Sessions, fiscal general, mandó un comunicado reiterando su amenaza de retirar los fondos.

"Esta administración no dará simplemente dinero a los gobiernos de la ciudad que violan orgulloso el estado de la ley y protegen a extranjeros criminales a expensas de la seguridad pública. Así que es así de simple: Cumplir con la ley o renunciar a los dólares de los contribuyentes", comentó el fiscal general.

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“La dirección política de Chicago ha elegido deliberada e intencionalmente adoptar una política que obstruye el sistema legal de inmigración de este país. Esto es asombroso dado el aumento sin precedentes del crimen violento en Chicago... Los líderes de la ciudad no pueden seguir algunas leyes e ignorar a otros y razonablemente esperar que esta horrible situación mejore”, agregó el mensaje de Sessions.

Por su parte, Sarah Isgur Flores, vocera del DOJ, dijo al Chicago Sun Times que "en 2016, más personas en Chicago fueron asesinadas que en Nueva York y Los Ángeles combinados. Por lo tanto, es especialmente trágico que el alcalde esté menos preocupado por esa asombrosa cifra que en gastar el tiempo y el dinero de los contribuyentes protegiendo a criminales extranjeros y poniendo a la policía de Chicago en mayor riesgo".

Sin embargo, de acuerdo con el Sun Times, la ciudad ha informado que los dos bufetes de abogados que manejan el caso para la ciudad, Riley Safer y Wilmer Hale, no están cobran por sus servicios y tampoco existe ninguna relación conocida entre los inmigrantes indocumentados y el crimen en la Ciudad de los Vientos.

Ed Siskel, abogado de la ciudad, informó al Chicago Tribune que el siguiente paso será presentar una moción para prohibir de modo preliminar que el Departamento de Justicia imponga las nuevas reglas, que afectarían un programa de justicia conocido como Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program, o Byrne JAG.

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Se trata de "la fuente más importante de fondos federales de justicia a jurisdicciones estatales y locales" en el país, según lo describe el mismo DOJ.

Chicago ha utilizado estas subvenciones federales para comprar equipo SWAT, vehículos policiales, radios y Tasers. Este año la ciudad contaba con recibir 3.2 millones de dólares de este fondo.

Siskel comentó que pedirán a la corte establecer una agenda de reuniones de modo que se pueda tener un fallo antes del 5 de septiembre, la fecha límite de presentación de solicitudes para las subvenciones Byrne JAG.

Por su parte, Eddie Johnson, superintendente de la policía, comentó que no quiere que la gente en Chicago evite reportar crímenes o hacer contacto con la policía por miedo a su estatus migratorio. "Proteger a cada ciudadano de Chicago, sin importar quiénes son ni de dónde vienen, es la piedra angular de la misión de la policía de Chicago", dijo Johnson. "No vamos a comprometer la seguridad y el bienestar de nuestra ciudad y de las personas a las que servimos en nombre de la política".

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Bajo las nuevas directrices, el Departamento de Justicia también quiere que las jurisdicciones locales informen a los funcionarios federales sobre la liberación de un inmigrante indocumentado de la custodia policial con al menos 48 horas de anticipación.

Los expertos legales dicen que la solicitud podría hacer que los departamentos de policía tengan personas por más de 48 horas, violando sus derechos constitucionales.

"Chicago es una ciudad acogedora y siempre lo será, y no seremos chantajeados por el Departamento de Justicia del presidente Trump”, dijo Emanuel. “Obligarnos a escoger entre nuestros valores y la filosofía del Departamento de Policía es una elección falsa y que en última instancia socavaría nuestra agenda de seguridad pública".

En marzo, Sessions anunció que todas las localidades debían cooperar plenamente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Hace dos semanas les dio un ultimátum: permitan que agentes migratorios entren a sus cárceles para identificar y retener a inmigrantes, o dejarán de recibir fondos federales para programas de justicia criminal.

"Estas políticas (santuario) son impulsadas por la política y no protegen a sus ciudadanos", dijo Sessions entonces. "Vamos a luchar contra ellos con todas las herramientas legales disponibles".

De acuerdo con Emanuel, esta demanda podría dar pie a otras acciones legales de parte de otras ciudades. “Puede que la ciudad de Chicago sea la primera en presentar una demanda, pero estoy seguro de que no será la última”, expresó el alcalde.

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