Juez determina que la Policía violó los derechos de miles de inmigrantes detenidos por pedido de ICE

LOS ÁNGELES, California.- Un juez federal en Los Ángeles dictaminó esta semana que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Sheriff del condado angelino (LASD) violaron los derechos de miles de inmigrantes que fueron detenidos sin pruebas y por períodos prolongados obedeciendo a pedidos del gobierno federal, además por negarles la libertad bajo fianza.

El veredicto del magistrado Andre Birotte Jr. respalda una de las cláusulas de la ley santuario de California, la cual prohíbe a policías locales y estatales obedecer las peticiones para retener a un inmigrante de "interés" que les envía ICE. Estas se conocen como 'solicitudes de detención migratoria' ( detainer request) y son parte de la estrategia del gobierno Trump para identificar y deportar a indocumentados.

"Los agentes del LASD no tienen autoridad para arrestar a personas por delitos civiles de inmigración y, por lo tanto, detener a personas más allá de su fecha de liberación viola los derechos de la Cuarta Enmienda (sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias)", explicó Birotte.

Este fallo es el resultado de dos demandas interpuestas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el grupo National Immigrant Justice Center y la firma de abogados Kaye, McLane, Bednarski & Litt.

Según grupos proinmigrantes, esta decisión afecta a miles de personas que permanecieron tras las rejas por largos períodos o que terminaron bajo custodia de ICE por 'solicitudes de detención migratoria'.

"La decisión de la corte justifica años de trabajo de la comunidad de inmigrantes de Los Ángeles para desafiar los abusos del Departamento del Sheriff y le pone llave a la máquina de deportación de la administración Trump", dijo Jessica Bansal, directora de litigios de NDLON.

"Junto con la recién promulgada Ley de Valores de California (santuario), esta decisión es una prueba de que el acoso de Trump a los inmigrantes enfrenta una oposición dura y efectiva en las calles, las legislaturas estatales y los tribunales", agregó Bansal.

Otro revés a los planes del gobierno Trump

Este caso desveló que algunos inmigrantes estuvieron detenidos incluso días después de que se cumplió su plazo para ser liberados. También cuestiona que el LASD encarceló y, por ello, indebidamente les fijaron fianza a miles de personas por obedecer los pedidos de ICE.

Los defensores de los inmigrantes creen que en base a esta decisión, quienes han sido afectados por las prácticas del Sheriff podrían ser elegibles para una compensación económica.

Si bien algunas de las preocupaciones planteadas en este caso ya han sido cambiadas por el Sheriff de Los Ángeles, el veredicto del juez Birotte impide que vuelva a implementar dichas prácticas y se suma a los casos judiciales que tratan de obstaculizar los planes de Trump para realizar más deportaciones.

En total, ICE arrestó a 143,470 personas durante el año fiscal 2017, un aumento de 30% respecto a las detenciones del año anterior. En Los Ángeles se registraron 8,419 detenciones, siendo la sexta jurisdicción del país donde ocurrieron más operativos migratorios el año pasado.

"Durante años, el Sheriff del condado de Los Ángeles, la mayor agencia policial de Estados Unidos, negó a los migrantes protecciones constitucionales que aplican para todos los detenidos", expresó la abogada Lindsay Battles, que litigó en este caso.

"Esta decisión hace que las agencias policiales rindan cuentas por su abuso antiinmigrante", añadió.

Actualmente, el Sheriff de Los Ángeles no detiene a ningún recluso más allá de su fecha de liberación, independientemente de si existe o no una solicitud de ICE, una práctica estándar desde 2014.

"Ante el hecho de que el departamento está involucrado en litigios en curso respecto a esta demanda, no podemos entrar en detalles; sin embargo, podemos indicar que esta demanda, que se presentó en 2012, implicó prácticas anteriores", indicó el Sheriff en un comunicado.

Aunque las agencias del orden tienen prohibido compartir información de los detenidos con ICE, la ley no evita que esta dependencia sepa sobre las personas que están bajo su custodia, ya que cada recluso es fotografiado y se le toman las huellas dactilares, información que se traslada a una base datos a la cual pueden acceder agencias del orden locales y federales.

Si alguna persona despierta el "interés" de ICE, envía una solicitud de detención.

A los policías locales se les permite detener a un individuo por un período razonable, que no exceda cuatro horas, para determinar si tiene una sentencia por un "delito grave o violento" bajo la ley estatal (asesinato, violación sexual, ataque, etcétera). Si el agente lo confirma debe obtener la aprobación de un superior para arrestar o transferir a la persona a las autoridades federales.

Distintas agencias del orden han capacitado a sus oficiales para cumplir con la ley de estado santuario.

La Policía de Los Ángeles (LAPD), por ejemplo, actualizó su política migratoria pidiendo a sus cerca de 1,000 agentes que dejen de preguntar el lugar de nacimiento de víctimas, testigos y detenidos si esto no aporta en la investigación de un crimen. Con ello se busca evitar que piensen que los agentes tratan de saber si son indocumentados.

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