Gobierno de Trump demanda a California por su resistencia a la venta de tierras públicas a empresas privadas

San José, California.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso esta semana una demanda formal al estado de California por sus intentos de obstruir la venta o transferencia de tierras federales a empresas privadas.

La demanda fue presentada este lunes en la corte del distrito este de California, con sede en Sacramento, y busca frenar el paso de una ley aprobada en octubre de 2017 en este estado que tiene como objetivo impedirle al gobierno de Donald Trump ejecutar esas 'transacciones'.

La ley en pugna se conoce como la Ley de Protección de Tierras Públicas y le confiere a California la potestad de vetar la venta de tierras federales en su estado.

Fue aprobada por los californianos ante el temor de que esta administración buscara tierras en California para favorecer intereses mineros y de perforación.

De hecho, esta normativa se aprobó días después de que el secretario de Interior, Ryan Zinke, anunciara la intención de reducir la protección a diez monumentos nacionales del estado, algo que ya ocurrió en Utah.

En diciembre pasado Trump redujo significativamente el tamaño de Bears Ears y los monumentos nacionales Grand Staircase-Escalante de Utah. Eso marcó el mayor retiro de tierras federalmente protegidas de Estados Unidos en la historia.

En California, las autoridades temen la intervención federal en áreas protegidas como los Parques Nacionales Yosemite, Redwood, Death Valley o Joshua Tree.

Pero el gobierno ha mostrado que no se va a quedar con los brazos cruzados ante la resistencia estatal, según detalló en un comunicado el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions: "La Constitución de EEUU da poder al gobierno federal y no a las autoridades locales para decidir cuándo y cómo son vendidas las tierras federales (...) Tenemos el deber de defender nuestras prerrogativas para comprar, vender, intercambiar o donar propiedades federales de manera legal y en el interés nacional".

Sessions incluso expresó que el Departamento de Justicia "no debería estar perdiendo su preciado tiempo y recursos en la interposición de esta demanda".

Por su parte, la oposición de California tampoco parece ceder. "Todos compartimos la obligación moral de proteger nuestro patrimonio exterior, proteger los lugares especiales que son nuestros terrenos públicos y preservarlos como un legado para las generaciones futuras", dijo Maite Arce, presidenta y directora ejecutiva de Hispanic Access Foundation a Univision Noticias.

"La decisión de cualquier administración de vender tierras públicas para potencialmente abrirlas a la perforación, minería o tala, es enormemente impopular en el 'Estado Dorado' (California), cuyos residentes valoran enormemente su acceso a tierras públicas y desean que se conserven para las generaciones futuras", explica.

Según Arce, el mayor problema de la iniciativa de la actual administración es que se trata de poner las tierras públicas de California en las carteras de las empresas y no en las manos del público: cuando son tierras federales y, por ende, públicas.

"Nuestras tierras públicas no deberían estar en subasta al mejor postor", coincidió el fiscal general de California, Xavier Becerra.