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Deportaciones

"Es una pesadilla", dice madre de niña discapacitada tras ser deportada a México justo antes de su audiencia

La inmigrante indocumentada Silvia Ocampo tiene tres hijos estadounidenses y libraba una batalla judicial por quedarse en el país. Aunque se aproximaba la cita en corte que podía acercarla a esa posibilidad, ICE la deportó a Tijuana. Paradójicamente no se benefició de una ley que se redactó en su honor.
26 Oct 2017 – 10:09 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Silvia Ocampo no ha parado de llorar desde que la deportaron a Tijuana, México, el pasado 19 de octubre, poco antes de que acudiera a una audiencia en la corte, en la que podrían haberle reducido su condena y así limpiar su historial judicial para permanecer en el país. No sirvió la presión de la comunidad, la intervención de legisladores ni el hecho de que fuera madre de una niña discapacitada; pero lo más paradójico: no se pudo beneficiar de una ley que se redactó en su honor.

Tras ser deportada, esta madre soltera dejó atrás a dos de sus tres hijos estadounidenses. La menor, Kayla, de 8 años, tiene problemas en el desarrollo del habla y recibe terapias.

"Es una pesadilla", dijo llorando Ocampo, de 50 años y quien se ganaba la vida limpiando las habitaciones del hotel Hilton Mission Bay en el noroeste de San Diego, en una entrevista telefónica con Univision Noticias. "Me siento muy mal porque durante seis años, sin mi esposo, yo he luchado mucho por ellos. Mis hijos me necesitan allá", expresó.

Apenas cruzó a Tijuana, Ocampo se reunió con su marido, Víctor Cortes, quien fue deportado hace seis años, luego de que en 2009 lo acusaran de perjurio por tratar de renovar una licencia de manejo con información falsa (apenas desde 2015 los indocumentados pueden tramitar legalmente este documento en California). Contra ella pesaba el mismo cargo, aunque las autoridades permitieron que permaneciera en este país considerando la discapacidad de su pequeña.

Sin embargo, las prioridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han cambiado y las políticas migratorias se han endurecido durante la admnistración Trump. Prueba de esto es que el pasado 11 de octubre, al presentarse para una cita rutinaria a la oficina de inmigracón en el centro de San Diego, a Ocampo le 'recordaron' que tenía una orden de expulsión. "Ya te vas", le dijeron, según su relato.

A pesar de las protestas que encabezaron políticos, activistas y líderes sindicales, la inmigrante fue llevada a Tijuana ocho días después de permanecer en una cárcel para inmigrantes en Otay Mesa.


"Es horrible, no entiendo la retórica de solo deportar a los criminales violentos cuando ella es una madre soltera que apoyaba a sus tres hijos", dijo Brigette Browning, presidenta del sindicato de trabajadores Local 30 de UNITE Here, que representa a 4,500 empleados de hoteles de San Diego y en el cual estaba registrada Ocampo.

Browning lamentó que los dos hijos menores de esta madre trabajadora (el mayor, de 21 años, vive en Washington) hayan quedado desamparados en San Diego, donde nacieron. "Ahora esos niños no tienen seguro médico", advirtió la dirigente sindical. "No es el país que yo conozco", reprochó.

Distintos esfuerzos para tratar de frenar la expulsión de Ocampo fueron inútiles. El último, una protesta afuera de las oficinas de ICE en San Diego, ocurrió solo horas antes de que se llevara a cabo su deportación. "Hoy es uno de los días más tristes como legisladora", expresó el jueves en su cuenta de Twitter la asambleísta Lorena González Fletcher, quien mencionó que en honor a la situación de esta inmigrante redactó la ley AB 813.


Dicha legislación, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, permite la revisión y eliminación de sentencias aceptadas ante los fiscales sin saber las complicaciones migratorias. En el caso de esta inmigrante, ella alega que se declaró culpable de perjurio por consejo de su abogado, con el propósito de salir de la cárcel para cuidar a su hija Kayla, entonces recién nacida.

ICE: "nada impedía su deportación"

Silvia Ocampo cuenta que en 1993, cuando llegó a California, obtuvo un número de seguro social falso con el fin de encontrar un empleo y unos años después obtuvo una licencia de manejo. Todo se complicó cuando intentó renovarla, pues se enteraron del engaño. "Lo hice para trabajar", explicó quien es descrita como una inmigrante activista en su comunidad y defensora de su gremio.

Para este viernes 27 de octubre se había programado la audiencia en la que se buscaba reducir la condena que puso a esta madre en la lista negra del gobierno federal. Una estrategia legal de la que se benefició el mexicano Rómulo Avélica, al reducirle las condenas que tenía y lo que finalmente permitió su regreso a la libertad en agosto pasado, luego de permanecer durante seis meses en la cárcel de ICE en Adelanto, en San Bernardino.

ICE indicó que Ocampo fue enviada a México acatando la orden de un juez de inmigración emitida en 2010. "La señora Ocampo pasó por un proceso legal", dijo Laura Mack, portavoz de la agencia. "No había nada que impidiera su traslado a México".

De acuerdo con Mack, este caso fue revisado por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración y en dos ocasiones por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. "Todos aquellos que violen las leyes de inmigración de nuestro país pueden estar sujetos a un arresto, detención y, si se descubre que son deportables, él o ella será expulsado de Estados Unidos", agregó la vocera de ICE.

Como visitante en su propio país

Ahora vecina de la colonia Santa Fe, en el oeste de Tijuana, Ocampo dice que le ha costado adaptarse a un país que no visitaba hace 24 años y que se ha vuelto -según ella- más violento, pero señala que su principal preocupación son sus hijos menores. El sábado pasado los volvió a abrazar durante una visita de cuatro horas. " Sentí mucha tristeza porque ellos dependían de mí", dice sin poder contener nuevamente el llanto.


Esta mujer no quiere regresar a su ciudad natal, Acapulco, en el sureste mexicano, por la inseguridad que impera en ese lugar. Su plan es dejar que su hijo adolescente concluya la preparatoria en San Diego y que su hija menor se vaya a vivir con ella a Tijuana, a pesar de que no recibirá la misma atención médica. "Espero que no se me atrase por la falta de terapias (de lenguaje), pero la niña necesita estar con su mamá", enfatizó y mencionó que quizás emprenda una lucha legal buscando retornar a California.

Entre tanto, en Tijuana, una ciudad que ella define como "muy triste", ya le ofrecieron un trabajo limpiando unos laboratorios.

Esta mujer dice que la triste separación de su familia es reflejo de una administración insensible que deporta sin distinciones. "A ellos no les importa que nuestros niños tengan necesidades, deberían de tener un poquito más de compasión", lamentó.

En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU

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