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Estafa y Fraude

El hombre que torturó y mató a Gabriel Fernández está implicado en un fraude de desempleo

El fraude habría sido operado desde el interior de prisiones de California y las autoridades estiman que el daño a los contribuyentes puede llegar a mil millones de dólares.
28 Nov 2020 – 06:06 PM EST
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El fraude operado desde cárceles de California contra el Departamento de Desarrollo del Empleo implica a Isauro Aguirre, un preso de San Quintín que está condenado a muerte por la tortura y asesinato del pequeño Gabriel Fernández, quien vivió en un departamento de Palmdale.

Este caso ha sido considerado como “el mayor fraude en dólares a los contribuyentes en la historia de California”, indicó el martes la fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert.

El fraude podría alcanzar mil millones de dólares, según estimaciones de los fiscales que ofrecieron una conferencia el martes.

Schubert declaró que el fraude abarca todas las prisiones estatales y todo tipo de reclusos, incluidas las personas condenadas a cadena perpetua sin libertad condicional y 133 condenados a muerte.

Además de Aguirre, otros asesinos conocidos que presuntamente se beneficiaron con las ayudas del Departamento de Desarrollo del Empleo fueron Scott Peterson, quien mató a su esposa y su hijo por nacer en 2004, y Cary Stayner, quien asesinó a cuatro mujeres cerca del Parque Nacional Yosemite.

Sin embargo, el abogado de Peterson, Pat Harris, dijo que aunque el nombre de Peterson apareció durante la investigación, no hay evidencia de que Peterson haya recibido ayuda por desempleo del estado.

“Esta investigación, cuando esté completa, mostrará que él no tuvo nada que ver con ningún tipo de esquema para obtener beneficios fraudulentos”, dijo Harris.

El tamaño del problema

Schubert, dijo que de marzo a agosto, más de 35,000 reclusos fueron nombrados en reclamos presentados ante el Departamento de Desarrollo Laboral de California, y se pagaron más de $20,000.

“Involucra a violadores, abusadores de niños, traficantes de personas y otros criminales violentos en nuestras prisiones estatales”, dijo Schubert.

La oficina del fiscal del distrito del condado de San Mateo fue una de las primeras en descubrir este esquema de fraude en California, pues en octubre, 21 reclusos fueron acusados de defraudar al estado con $250,000 en beneficios de desempleo.

En algunos casos, los reclusos utilizaron sus nombres reales. En otros, utilizaron nombres falsos e incluso números de Seguro Social falsos.

En uno de los casos, un recluso llegó a usar el nombre "calzones de caca".

“Francamente, los presos se están burlando de nosotros”, dijo Schubert.

El EDD dijo que ha estado trabajando con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Oficina del Inspector General para identificar reclamos sospechosos y compararlos con la población penitenciaria.

También están trabajando en colaboración con expertos estatales en seguridad cibernética.

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