Fianzas

California se convierte en el primer estado en eliminar la fianza para sospechosos en espera de juicio

"Reformamos nuestro sistema de fianzas para que tanto los ricos como los pobres tengan un trato justo por igual", señaló el gobernador Jerry Brown al firmar una ley sin precedentes en el país, que otorga a los jueces mayor poder para decidir quién debe permanecer en prisión mientras espera ser juzgado.
28 Ago 2018 – 7:54 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.– El gobernador Jerry Brown firmó este martes una ley sin precedentes que convierte a California en el primer estado en eliminar el pago de fianza para sospechosos en espera de un juicio. La nueva norma reemplazará el sistema estatal de fianzas por uno que le otorgará mayor poder a los jueces para decidir quién debe permanecer en prisión durante este tiempo.

Esta legislación entrará en vigor en octubre de 2019 y marcará un punto de partida para otros estados que también están debatiendo cambiar sus sistemas de fianzas por ser un mecanismo que tiende a perjudicar a los más pobres, que no tienen cómo pagar altas sumas para esperar en libertad lo que demore su presentación ante un juez ante quien demostrar o no su inocencia.

"Hoy California reforma su sistema de fianzas para que tanto los ricos como los pobres tengan un trato justo por igual", señaló Brown en un comunicado.

La ley SB 10 eliminará el pago de dinero como una condición para la liberación de un sospechoso mientras tiene su cita en corte. En su lugar, los jueces podrán determinar si ese sospechoso representa un peligro para la comunidad y debe permanecer preso sin posibilidad de salir antes de ser juzgado, en lo que se conoce como "prisión o detención preventiva".

Antes en la cárcel por pobres, ¿ahora por latinos?

Este cambio representa un alivio para las personas de bajos recursos que se ven envueltas en algún problema con las autoridades y que en algunos casos terminan por declararse culpables sin serlo con tal de ser liberados, pues no cuentan con recursos para pagar una fianza y esperar el juicio en libertad.

Un reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado en 2017 reveló que miles de hispanos están en cárceles de California por ser pobres, pues por no tener dinero para pagar una fianza, muchos pasan incluso meses en prisiones a la espera de un juicio.

"El balance de la cuenta bancaria de una persona no debería determinar cómo son tratados bajo la ley", señaló este martes el vicegobernador Gavin Newsom.

El informe de HRW reveló que alrededor del 63% de los presos en cárceles de seis condados de California no habían sido condenados y muchos de ellos esperaban un juicio ahí porque no pudieron solventar las onerosas fianzas. Las minorías, alertaba el reporte, son las que más purgan "condenas" injustas.

Precisamente el tema de las minorías es un punto que aún crea controversia. Los detractores de la nueva legislación aseguran que ahora los jueces podrán encarcelar a personas basados en su criterio y que allí podrían entrar en juego sus prejuicios, en detrimento de comunidades negras y latinas.

"Nadie debería estar en la cárcel porque son muy pobres como para pagar una fianza, pero tampoco deberían estar separados de sus familias por una detención preventiva injusta", expresó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a través de un comunicado.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Bajo el sistema de fianzas actual, en California el costo promedio de una fianza es de 50,000 dólares y se establece según la gravedad del supuesto delito, y la ciudad y el condado donde se procesa el caso. Para ser liberados, los infractores deben pagar la tarifa por adelantado o cubrir el 10% del total para que una compañía de fianzas adelante el dinero.

Desde octubre de 2019 los condados tendrán que establecer sus propias agencias de servicios previos al juicio, encargadas de evaluar a las personas detenidas y determinar bajo qué condiciones deberían ser liberadas.

La mayoría de los sospechosos arrestados por delitos menores no violentos serán liberados en las siguientes 12 horas tras ser fichados por las autoridades. Y aquellos que enfrenten delitos graves o violentos, no serán elegibles para liberación. La nueva legislación le da a las autoridades un plazo de 24 horas decidirlo, que podría ser extendido por 12 horas más de ser necesario.

Algunos de los críticos a esta ley advierten que otra de las desventajas de su aplicación será que los acusados podrían pasar semanas en la cárcel mientras sus abogados prueban que merecen estar libres mientras son juzgados. La mayor queja de quienes están en contra de la SB 10 es que consideran que le dará mucho poder a los jueces.

Pero quienes apoyan este cambio destacan que esto pondrá fin a la práctica injusta de encarcelar a personas por largos periodos simplemente porque son pobres. Argumentan que por el contrario, el encarcelamiento debe depender del riesgo que estas personas representan para la sociedad si son liberados antes de ser juzgados.

"Por mucho tiempo nuestro sistema ha permitido a los más pudientes comprar sus libertad sin importar su riesgo, mientras que los pobres que no representan peligro sufren en las cárceles", aseguró el asambleísta demócrata Rob Bonta.

Otros estados como Nueva Jersey y Nuevo México han hecho ajustes a sus sistemas, pero ninguno ha eliminado completamente el pago de fianza.

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