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Abuso Policíaco

Arrestan a policías que negaron haber golpeado a menor hispano pero un video los delató

Los tres agentes han sido acusados de atacar a un adolescente de 16 años que grababa con un celular cuando dos familiares eran detenidos. La víctima recibió dos golpes en el rostro, un macanazo en las piernas y fue arrojado contra el piso.
27 Oct 2017 – 10:00 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Tres agentes de la Policía de Pomona, en el sur de California, fueron arrestados este jueves luego de que un gran jurado federal los acusó de golpear en 2015 a un adolescente de 16 años que estaba desarmado y además por tratar de encubrir el ataque, que fue registrado en un video.

En una grabación publicada en YouTube por el grupo Photography is Not a Crime se observa que un policía jalonea a Christian Aguilar y con el antebrazo le golpea la cara en dos ocasiones. Luego se acerca otro agente para darle un macanazo en las rodillas y un tercero lo arroja contra el suelo. Cuando tres uniformados someten al adolescente ya en el piso, otro enciende una pistola eléctrica (Taser) para intimidarlo.

En el video no se observa que el menor haya siquiera intentado agredir a los policías.


Según la Fiscalía federal, este incidente ocurrió en septiembre de 2015 en la Feria del condado de Los Ángeles, que se realizó en el lugar para eventos Fairplex de Pomona. Antes del incidente, los policías arrestaron a un primo del adolescente que se enfrascó en una discusión verbal porque le molestó el cierre de una cervecería. El padre del chico intervino para calmar la situación y también fue detenido.

Mientras los agentes escoltaban a sus familiares, Aguilar los siguió grabando con su celular. Uno de los policías le ordenó que se alejara, pero este continuó filmando a unos 10 pies de distancia. Al final, Aguilar, sus familiares e incluso la persona que grabó el otro video publicado en YouTube, terminaron bajo custodia.

De acuerdo a la Fiscalía, los tres oficiales acusados, identificados como Chad Jensen, Prince Hutchinson y Michael Neaderbaomer, elaboraron reportes falsos asegurando que Aguilar intentó golpear en la cara a uno de ellos, que los siguió a menos de un metro de distancia cuando escoltaban a los detenidos y que intentó provocar disturbios entre la multitud.

Los cargos federales que pesan ahora en su contra alegan que el agente Jensen violó los derechos civiles del menor al golpearlo, y que él y sus compañeros tomaron medidas ilegales para justificar y encubrir el ataque.

Jensen y Hutchinson también están acusados de obstrucción a la justicia por dar falso testimonio durante los procedimientos judiciales del estado respecto a los cargos penales contra la víctima. "Crearon la falsa impresión de que el adolescente representaba una amenaza física para otros policías antes de que Jensen lo agrediera", indicó la Procuraduría federal en un comunicado.

Asimismo, el agente Neaderbaomer, un investigador de asuntos internos de la Policía de Pomona, "intentó intimidar y persuadir corruptamente" a la víctima y sus padres al afirmar falsamente que tenía un video que mostraba a la víctima golpeando al oficial Jensen y al mentirle a la madre de Aguilar diciéndole que no se les permitiría asistir a una entrevista relacionada con su queja, según la acusación.

Neaderbaomer también está acusado por mentir a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que indagaba sobre la supuesta violación de los derechos civiles en el caso del agente Jensen.

En el juicio contra Aguilar, su defensa mostró el video del incidente para compararlo con la versión de los policías. Con esto, el agente Jensen admitió finalmente que el adolescente no había intentado golpearlo. En consecuencia, el juez retiró los cargos contra Aguilar y los fiscales desestimaron el caso contra su padre.

En 2016, el gobierno de Pomona pagó 500,000 dólares a Aguilar para resolver una demanda civil por el ataque.

Si estos policías son encontrados culpables, les esperan largas condenas. Los cargos por uso excesivo de fuerza conllevan una pena máxima de 10 años en prisión, por los señalamientos de manipulación de testigos y falsificación de reportes enfrentarían una condena de hasta 20 años en prisión y por las declaraciones falsas a agentes federales serían condenados a un máximo de 5 años en prisión.

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