La jueza federal Jia Cobb, del Distrito de Columbia, bloqueó este viernes la capacidad de la administración Trump de llevar a cabo deportaciones expeditas de cientos de miles de inmigrantes que tuvieron un estatus de protección temporal o 'parole' humanitario, condiciones dadas por el gobierno de EEUU con normas y procedimientos.
Jueza bloquea las deportaciones expeditas que realiza el gobierno Trump de inmigrantes con parole
Una jueza federal bloqueó este viernes la capacidad del gobierno de Trump de ejecutar deportaciones expeditas de cientos de miles de inmigrantes que tuvieron un estatus de protección temporal o 'parole' humanitario, al huir de violencia o represión en sus países de origen.

El tribunal reconoció que "cientos de miles de no ciudadanos (inmigrantes) recibieron permisos temporales para permanecer en Estados Unidos, después de revisiones en puntos de entrada al país, y ahora enfrentan la amenaza de la deportación bajo procedimientos altamente abreviados que rara vez, o nunca, han sido aplicados en ningún nivel" a estos inmigrantes beneficiarios.
"En un mundo de malas opciones, ellos siguieron las reglas", escribió Cobb, nombrada por Biden, sobre los inmigrantes, que buscaron refugio en Estados Unidos de los problemas y amenazas en sus países.
"Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que ha cambiado las reglas del juego para los que ya están aquí con permiso de residencia", afirmó la jueza.
Esto, considera la magistrada, "les ha restringido su capacidad de conseguir una ayuda migratoria y los somete a una expulsión sumaria, a pesar de que la legislación prohíbe al Ejecutivo hacerlo".
Cobb subraya que "las acciones del Departamento de Seguridad Nacional excedieron su autoridad, y son arbitrarias y caprichosas". También reconoce que los inmigrantes afectados enfrentan "daño inminente e irreparable derivado de esas acciones, que sobrepasan cualquier riesgo para el Gobierno o el público" de pausar las deportaciones expeditas.
En este sentido, determina que esos procedimientos quedarán en suspenso hasta "la conclusión de este litigio" para todos los inmigrantes que hayan recibido, en algún momento, beneficios como el TPS o el parole humanitario.
La jueza Cobb plantea que existe una "cuestión subyacente" en este caso, con dos opciones visibles: "los inmigrantes con permisos temporales que escaparon de la opresión (en sus países) tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas".
La segunda opción sería que "alternativamente, ¿serán expulsados sumariamente de un país que —tras ser arrestados en los puestos de control y fuera de las salas de audiencias, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicación o cargos—, puede parecerse cada vez más a los países de los que trataron de escapar?".
La corte también enfatiza que "el tribunal no está suspendiendo" la terminación de los programas de parole para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sino que, en cambio, la orden "reestablece el status quo en ausencia de la acción ilegal de la agencia", que era que las personas beneficiarias del parole o el estatus temporal "generalmente no estaban sujetas a expulsión acelerada".
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