En una reñida votación de 5 a 4, la Corte Suprema decidió ayer permitir al gobierno poner en vigor la regla de “carga pública”, la cual obstaculiza otorgar la residencia a aquellas personas que puedan ser un peso económico para el gobierno.
Cuidado con pedir ayuda pública te podría costar la residencia
Aquí tienes toda la información de qué es y a quiénes afecta la nueva regla de "carga pública" que aprobó ayer la Corta Suprema.
Por:Univision
Video Qué es la regla de carga pública y cómo afecta a quienes quieran pedir la residencia o ciudadanía de EEUU
La regla define una "carga pública" como un inmigrante que recibió uno o más beneficios designados por más de 12 meses dentro de un período de 36 meses.
Los beneficios que se designarían incluirían el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), así como la mayoría de las formas de Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como cupones de alimentos, los vales para vivienda.
El otro punto destacado es que si el oficial de inmigración determina que uno podría llegar a ser carga publica en el futuro, tendría el poder de negar la residencia.
Bajo esta nueva medida los funcionarios de inmigración podrán evaluar factores que incluyen la edad, el estado de salud y los bienes materiales del solicitante, al tiempo que amplía la lista de servicios públicos fuera de los límites para incluir Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda.
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El abogado de inmigración Manuel Díaz dijo a Univision que la decisión de la Corte Suprema anuló la decisión temporal de una corte de primera instancia que se había pronunciado en contra de calificar estas ayudas como algo en contra de los inmigrantes tratando de obtener la residencia.
Pero, como hay una apelación pendiente, Díaz enfatizó que el procedimiento queda muy confuso, por lo que recomienda que las personas que tengan duda sobre si entran en esta categoría se asesoren con un abogado competente.
Se espera que esta regla tenga un gran impacto en aquellos que solicitan un estatus legal permanente en los EE. UU.
Un análisis del Instituto de Política de Migración del 2019 descubrió que el 70% de las personas que estaban aplicando para obtener su residencia, se verían afectadas si se pone en vigor esta ley.
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