Defensores de los derechos humanos solicitaron el miércoles la intervención de un panel de las Naciones Unidas para ayudar a poner fin a una nueva práctica del gobierno de EEUU: ocultar a las familias y a los abogados el paradero de miles de detenidos que enfrentan la deportación.
Grupos de derechos humanos piden a un panel de la ONU que ayude a poner fin a los intentos del ICE de ocultar el paradero de los detenidos
Familias y abogados aseguran que miles de detenidos por ICE quedaron “fuera del mapa” justo cuando enfrentan una posible deportación.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eliminó de su Sistema de Localización de Detenidos en Línea los nombres de aquellos con órdenes finales de expulsión el 15 de septiembre, en un aparente intento de acelerar sus deportaciones. El cambio, que el ICE no anunció ni ha explicado, afecta a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos bajo custodia de la agencia.
Según abogados de inmigración, esta medida ha obstaculizado la capacidad de los detenidos para impugnar las deportaciones inminentes al impedir el acceso a sus abogados, además de causar una gran angustia a las familias que han perdido el rastro de sus seres queridos.
Una coalición de más de 30 organizaciones que defienden a personas no ciudadanas en EE. UU. solicitó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que declare dicha política como una violación del derecho internacional y presione para que se elimine.
"Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos", afirmó Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, una de las organizaciones firmantes de la petición. "Hacer desaparecer a personas en una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y cortar su acceso a ayuda externa constituye la definición de desaparición forzada".
Por otra parte, el miércoles, más de 45 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por las congresistas Luz Rivas y Veronica Escobar, instaron al ICE a restablecer los nombres en el sistema de localización, calificando la práctica de ocultarlos como "contraria a los principios fundamentales del sistema jurídico estadounidense".
La agencia matriz del ICE negó el miércoles que sus prácticas equivalgan a hacer desaparecer a personas, afirmando que todos los detenidos "tienen oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados".
"El procedimiento adecuado para un extranjero indocumentado con orden final de deportación es la expulsión, pura y simple", declaró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Dicho esto, el DHS cuenta con un riguroso proceso de aplicación de la ley que respeta el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos". Por lo general, los detenidos pueden llamar a sus familiares si tienen fondos en sus cuentas del economato del centro de detención, mientras que las llamadas a sus representantes legales deberían ser gratuitas.
Aproximadamente 1,4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes definitivas de expulsión. Esto suele significar que un juez de inmigración ha dictaminado que deben ser deportadas y que la decisión ha sido ratificada en apelación o no ha sido apelada. Aún disponen de varias opciones legales para impugnar su detención y deportación. Los jueces federales han dictaminado en miles de ocasiones que los detenidos deben ser puestos en libertad o que se les deben conceder audiencias para fijar una fianza.
La petición presentada ante la ONU señalaba que la política ya ha "obstaculizado el acceso de los abogados a sus clientes detenidos, impidiendo intervenciones para buscar recursos migratorios, impugnar detenciones inconstitucionales y frenar deportaciones ilegales".
Citaba ejemplos de varios detenidos, entre ellos una madre y su hija de 7 años que impugnaban su detención en un centro de Texas, pero perdieron el contacto con sus abogados mientras se enfrentaban a la deportación a Venezuela. Según la petición, la agencia solo reveló el paradero de ambas —unas 18 horas más tarde— y las puso en libertad después de que un juez ordenara al ICE que informara sobre su ubicación.
Un hombre relató haber sufrido un estrés intenso y que por su mente pasaron "los pensamientos más sombríos imaginables" después de que la información sobre el paradero de su madre, una anciana con discapacidad, fuera eliminada abruptamente del sistema, según la petición.
La petición indicaba que la herramienta de localización en línea del ICE, lanzada en 2010, se ha convertido en un instrumento "aún más crucial" a medida que la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña generalizada para detener y expulsar a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Señalaba asimismo que el grupo de trabajo de la ONU había abogado por la creación de dicha herramienta y por su ampliación en 2024 para incluir a las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.
La petición solicitaba al grupo de la ONU que instara al ICE a publicar la ubicación de todos los detenidos en el plazo de una hora tras su arresto y a notificar a los abogados de los detenidos con 24 horas de antelación antes de realizar un traslado. El grupo de la ONU, creado en 1980, ayuda a las familias a localizar a seres queridos que, según se ha informado, han sido víctimas de desaparición forzada a manos de agentes gubernamentales. Cuenta con cinco miembros y actualmente está presidido por Grazyna Baranowska, de Polonia.