Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, un ciudadano cubano de 28 años que vive en Hialeah, Florida, fue declarado culpable por un jurado federal de participar en una conspiración internacional de tráfico de personas y lavado de dinero.
Hasta 40 mil dólares por llegar a EEUU en avión privado: así operaba la red que traficaba a migrantes cubanos
La organización cobraba hasta 40 mil dólares para facilitar el ingreso de migrantes cubanos a Estados Unidos y utilizaba vuelos privados, ESTA fraudulentos y lavaba millones de dólares de ganancias que obtenía por el tráfico de personas
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De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Cabrera-Rodríguez y sus cómplices construyeron una organización que durante años buscó facilitar la llegada de miles de cubanos y otros extranjeros a Estados Unidos, utilizando distintos puntos de tránsito en el continente.
Los traficantes cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por sus servicios. En algunos casos, la red recurría incluso al alquiler de aviones privados para transportar a grupos de migrantes.
La operación tenía una fachada aparentemente legal: una agencia de viajes que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, servía para ocultar las actividades de tráfico de personas.
A través de esa estructura, los integrantes de la red anunciaban en redes sociales servicios relacionados con viajes, visas y supuestas vías legales de entrada a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades descubrieron que también utilizaban información falsa para intentar conseguir autorizaciones de viaje.
Uno de los mecanismos consistía en presentar solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).
Los ciudadanos cubanos no son elegibles para viajar mediante el programa ESTA. Aun así, según las pruebas del caso, los acusados presentaron al menos 600 solicitudes fraudulentas, en las que afirmaban falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que sabían que algunos permanecían en la isla cuando se realizaban los trámites.
La red también habría utilizado declaraciones falsas de ciudadanía europea para intentar hacer pasar a ciudadanos cubanos como personas que podían beneficiarse de una exención de visa.
Pero la operación no terminaba con los documentos. Cabrera-Rodríguez y sus cómplices también se encargaban de la logística para mover a los extranjeros desde sus países de origen hacia Estados Unidos.
Entre 2021 y 2024, de acuerdo con los fiscales, transfirieron más de 600,000 dólares desde Estados Unidos para comprar vuelos destinados a facilitar esos traslados. Cabrera-Rodríguez llegó a comprar vuelos internacionales y nacionales para transportar a los extranjeros dentro y hacia distintos puntos del país.
Las autoridades también siguieron el rastro del dinero: más de 20 millones de dólares circularon por más de 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus cómplices durante el periodo de la conspiración.
" Esto no fue ayuda ni acto humanitario", sostuvo Nicholas Ingegno, agente especial interino a cargo de HSI en Tampa, quien afirmó que la organización explotaba a personas vulnerables para obtener ganancias.
Cabrera-Rodríguez fue declarado culpable de conspiración para traficar a personas con fines de lucro, conspiración para cometer lavado de dinero internacional y conspiración para encubrir el l avado de dinero.
Su sentencia está programada para el 17 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, la cual será determinada por un juez federal.
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Una docena de acusados por la misma conspiración de tráfico de personas
Cabrera-Rodríguez no fue el único señalado por las autoridades. Doce personas fueron acusadas en una acusación formal modificada por su presunta participación en la conspiración.
Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González, Walbis Pozo-Dutel, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra se declararon culpables y permanecen a la espera de sentencia.
Otro acusado, Erik Ventura-Castro, se declaró culpable el 7 de mayo y fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses de prisión.
El caso fue investigado por autoridades federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y señalaron que forma parte de los esfuerzos de las agencias estadounidenses para desmantelar redes dedicadas al tráfico de migrantes y al movimiento de ganancias obtenidas mediante estas actividades.
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