Un ex alto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS) y su cómplice enfrentan cargos por presuntamente aceptar sobornos a cambio de agilizar solicitudes de inmigración.
Exfuncionario de USCIS enfrenta prisión por red de sobornos migratorios en EEUU
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, el exfuncionario Lukman Owolabi Ganiyu y su cómplice financiero, Adeniyi Akeem Somoye, aceptaron sobornos de casi 960.000 dólares y fueron arrestados el miércoles 2 de septiembre
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De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, el exfuncionario Lukman Owolabi Ganiyu y su cómplice financiero, Adeniyi Akeem Somoye, aceptaron sobornos de casi 960.000 dólares y fueron arrestados el miércoles 2 de septiembre.
¿Cuánto tiempo operaron?
El exfuncionario Lukman Owolabi Ganiyu y su cómplice financiero, Adeniyi Akeem Somoye, operaron entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Ambos supuestamente omitieron verificaciones de antecedentes penales, entrevistas y protocolos de procesamiento estándar del USCIS a las personas que les pagaron.
De acuerdo con Fox News, los fiscales alegaron que Ganiyu alteró el sistema del USCIS para acelerar los trámites de solicitudes y ayudó a Somoye apresurando su trámite de ciudadanía antes de que le aprobaran las solicitudes de residencia a su esposa e hijo.
Asimismo, se informó que Ganiyu desvió solicitudes de las oficinas de USCIS en Minneapolis, Charlotte y Houston para que evitaran supervisores locales, los cuales pudieran rechazar sus trámites. Por lo que trataba de que se enviaran a él mismo, para que continuara con los sobornos.
Por parte de los investigadores, descubrieron evidencia a través de mensajes de WhatsApp en donde, mediante llamadas y textos, se veían todos los sobornos que llevaron a cabo.
El The New York Post informó que Ganiyu obtuvo 671.438 dólares solo por solicitantes de la ciudadanía y Somoye actuaba como intermediario financiero y procesó transferencias de 1,7 millones de dólares a través de las cuentas de Zelle y Cash App.
Los acusados se enfrentan a una pena de hasta cinco años de prisión federal y a una multa de hasta 250 mil dólares.