Propietarios de Texas demandan al gobierno de Trump para frenar nuevo muro fronterizo en Big Bend

Una nueva batalla legal se abre en la frontera sur de Estados Unidos, donde propietarios de tierras, ganaderos y organizaciones ambientalistas buscan detener la construcción de nuevas barreras fronterizas en la región de Big Bend, al oeste de Texas.

La disputa ocurre en una de las zonas más remotas de la frontera y enfrenta los planes del gobierno federal para ampliar la infraestructura fronteriza con la preocupación de habitantes y defensores del medio ambiente por el impacto que los proyectos podrían tener sobre terrenos privados, el Río Grande y áreas naturales protegidas.

Entre quienes cuestionan las obras también hay partidarios del presidente Donald Trump. Los opositores al proyecto sostienen que algunas de las propuestas podrían atravesar propiedades privadas y dificultar el acceso al Río Grande.

"Gracias, presidente Trump, ha asegurado la frontera. Pero ahora deje el asunto en paz, dijo Laura Allen, una de las voces que cuestionan la construcción de nuevas barreras en esta región.

Los habitantes y activistas también advierten sobre posibles afectaciones a la fauna, las inundaciones naturales y sitios de importancia arqueológica y cultural.

"Es nuestro río, ahí sacamos el agua que vamos a tomar, aquí están los animalitos que cuidamos", afirmó Gloria Galindo, observadora de aves y defensora de los animales.

La zona de Big Bend concentra históricamente apenas 1% de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza. Aun así, el gobierno federal mantiene propuestas para incrementar la infraestructura de vigilancia en esta región.

Durante audiencias judiciales, el gobierno ha señalado que todavía no existe un plan definitivo para el Parque Nacional Big Bend. Sin embargo, las propuestas públicas contemplan una nueva carretera, tecnología de detección y barreras destinadas a impedir el cruce de vehículos por la frontera.

Para los activistas, las áreas protegidas y los parques naturales deberían quedar fuera de los proyectos relacionados con el muro.

"Ya pusieron más personal, más tecnología, ya tienes a ICE haciendo muchas cosas dentro de la comunidad", señaló Denisse Carreon, integrante de Carnalismo National Brown Berets-RGV.

La disputa ocurre mientras la administración de Trump mantiene un ambicioso plan de aproximadamente 46 mil millones de dólares para ampliar la infraestructura fronteriza.

Ahora será un tribunal el que tendrá que determinar hasta dónde puede llegar el gobierno federal con estos proyectos y qué protecciones deberán mantenerse en una de las regiones más remotas y sensibles de la frontera entre Estados Unidos y México.

Una familia de Texas denuncia que el muro podría atravesar su propiedad

Para algunos propietarios, el conflicto no se limita al impacto ambiental. Jessica Longoria, propietaria de tierras en la zona fronteriza, contó que recibió una carta del gobierno en la que se le notificaba la intención de construir parte del muro en su terreno, ubicado cerca del Río Grande.

Longoria aseguró que las tierras tienen un valor familiar que va más allá de su precio en el mercado y cuestionó que el gobierno pueda intervenir en ellas.

"Es un insulto grande, porque esto no nomás es tierra, ha estado en nuestra familia por muchas generaciones", expresó.

La propietaria describió el impacto emocional que tuvo recibir la notificación gubernamental y dijo sentirse desplazada ante la posibilidad de que parte de su propiedad sea utilizada para la construcción. "Decepcionada, triste, como que no soy nadie aquí... y ahora el gobierno nomás viene y lo quiere quitar como nada", relató Longoria.

La demanda coloca así en el centro del debate el uso de terrenos privados y el alcance de los proyectos federales de infraestructura fronteriza en Big Bend, mientras el proceso judicial avanza.