Inmigrante mexicano culpa de su deportación a la mala práctica de un abogado

TUCSON, Arizona. - Ramón Monje, un inmigrante mexicano detenido cuando se dirigía a su trabajo y deportado por las autoridades migratorias en menos de dos horas, el viernes pasado, afirma que todo se debió a una mala práctica de su exabogada.

Monje notó un carro a las afueras de su residencia, una camioneta Explorer, en un área donde no es permitido estacionar y se le hizo extraño. A un media milla salió otro auto, sin marcas.

“Se vinieron los dos detrás de mí, me subí al freeway y cuando me baje, se me pararon atrás. Me preguntaron traes armas y les dije no traigo nada, vino uno y me dijo bájate tenemos una orden de deportación para ti y aquí estoy en México, todo fue en una hora y media”, detalló Monje desde el otro lado del muro fronterizo en Nogales, Sonora, acompañado por su esposa.

Según él, la mala práctica de la abogada que comenzó con su caso migratorio lo llevó a la deportación.

“No hizo las cosas bien, como deben de ser y el juez del Noveno Circuito ordenó mi deportación, el caso es que ya me había aceptado inmigración, ya había ido a las huellas, la entrevista, es algo que te quedas como ¿qué onda?”, comentó Monje.

Para él todo fue una sorpresa porque estaba convencido que su caso migratorio iba bien, no estaba enterado que sobre él había una orden de deportación. El pasado 31 de enero recibió la aprobación de la 1-130 (Petición familiar).

“Si yo hubiera sabido que tenía una orden de deportación hubiera averiguado cómo hacer las cosas bien porque uno está allá por trabajar, es un país donde hay oportunidades de sobresalir”, comentó el inmigrante mexicano.

De acuerdo con su relato, su problema con las autoridades migratorias inició el 15 de septiembre del 2013, cuando su hermano le ofreció llevarlo a trabajar con él, a la salida fueron detenidos por un sheriff porque el carro en el que se transportaba tenía las placas vencidas.

Como Monje no tenía documentos legales lo entregaron a las autoridades migratorias y fue trasladado al centro de detención de Eloy de donde salió después de pagar una fianza de 4,000 dólares.

Debido a la situación contrató a una abogada para pelear la deportación. Tiempo después se casó y su esposa sometió una petición familiar. Una amiga indagó por su caso y se dio cuenta que había sido negado pero él no fue notificado por la que era su abogada en ese momento.

Su esposa Margo Amador explicó que cuando la abogada sometió los documentos para respaldar el matrimonio faltó un certificado y ellos no supieron en ese momento.

“Supuestamente me dieron tres meses para salir [voluntariamente] del país pero nunca me dijo nada”, relató Monje.

Para salvar su situación migratoria contrató los servicios de la abogada Claudia Arévalo, quien actualmente lleva su caso.

Monje reside en Tucson hace 4 años y hace dos 2 años se casó con Amador, quien es ciudadana estadounidense y presentó una petición familiar.

“Tenemos nuestra casa, los carros, esto te cambia la vida, porque ya no vas a estar con [los tuyos] ella trabaja en Tucson, yo tengo que buscar trabajo aquí”, explicó con preocupación sobre los retos que enfrenta con la deportación.

Dijo que seguirá las instrucciones de la abogada Arévalo porque quiere regresar al país legalmente.

“No todo está perdido, todavía hay algo que pelear, lleva tiempo y lo vamos hacer pero por ahora tengo que estar de este lado”, resaltó Monje.

Amador dijo que luchará para que él regrese.

“De estar juntos todos los días a vernos unos días al mes va a ser un cambio muy difícil”, dijo la esposa.

La abogada Arévalo, quien tomó el caso de la pareja, aclaró que este caso no tiene nada que ver con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Explicó que durante el proceso de deportación de Monje se casó con una ciudadana pero no se le avisa a la corte de apelaciones que la persona está casada o que va a meter su petición familiar entonces se apela al Noveno Circuito pero esta corte no tiene la evidencia.

"Lo que pudo haber sido un caso muy sencillo como un ajuste de estatus en corte o una cancelación de deportación resultó en una deportación a México inmediata", detalló Arévalo.

La abogada tenía los documentos de la G-28, que la identifica como representante legal de Monje, pero los oficiales de ICE nunca se comunicaron con ella.

"Fue en horas [que se lo llevaron] y dijeron que tenían una orden del Noveno Circuito por la cual él ya no podía permanecer en Estados Unidos, esa fue toda la explicación", comentó Arévalo. “En este caso si se hubieran comunicado podríamos haber parado la deportación, hay una solicitud que se somete y se pagan 155 dólares para que la revisaran pero no hubo esa oportunidad".

El problema, según Arévalo, es que cuando la persona está afuera del país los abogados ya no tienen la jurisdicción.

"Lo que se tenía que haber hecho es meter la demanda de la abogada que inició el proceso y con esos documentos pedir una moción para reabrir el caso y que la corte de apelaciones pueda regresar el caso a Tucson y un juez de Inmigración pueda revisarlo aquí", explicó. "La asistencia inefectiva de un abogado [mala práctica] puede parar una deportación pero tiene que ser inmediatamente".

Dentro del proceso legal que debe cumplir Monje para regresar deberá presentarse en Ciudad Juárez, México, para pedir un perdón por la deportación.