Fiscales republicanos buscan que regrese la regla de carga pública para obtener la residencia

El Procurador General de Arizona, Mark Brnovich, está liderando una coalición de 11 estados que buscan mantener la polémica regla de carga pública instituida por Donald Trump, con la que los solicitantes de residencia permanente tenían que demostrar que no a costarle a los estadounidenses.

Recientemente Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que la administración de Joe Biden no ya no defenderá la regla de carga pública de 2019, dado que ya no es de “interés público” y que su existencia no ayuda a un “uso eficiente” de los recursos del gobierno.

Ante esta decisión del gobierno federal, Brnovich presentó con otros fiscales una moción para intervenir en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en la demanda sobre la “Regla de Carga Pública”, luego de que la administración Biden abandonó la defensa de la ley en la Corte Suprema de Estados Unidos.

En caso de que la moción se conceda, los estados podrían solicitar a la Corte que vuelva a aceptar la revisión del caso.

¿Qué argumenta el fiscal de Arizona?

Brnovich considera que la validez de la Regla de Carga Pública deberá decidirse a partir de sus méritos legales y no tras una una “rendición estratégica” por parte de la Administración Biden.

“Es inconcebible abrumar nuestra infraestructura y personal de inmigración cuando estamos lidiando con la devastación económica y sanitaria de la pandemia”, dijo Brnovich.

“Si bien independientemente de la posición de uno sobre la reforma migratoria, esta violación imprudente de la ley federal solo está creando otra crisis nacional y ejerciendo presión adicional sobre nuestro estado y los contribuyentes de Arizona que trabajan arduamente”, indicó en un comunicado.

Se indicó que a fines de 2019, los impugnadores de la regla de carga pública presentaron demandas en varios tribunales de distrito y pudieron obtener órdenes judiciales preliminares para detener la aplicación de la regla hasta que los casos se resolvieran en los tribunales.

Los casos fueron apelados ante la Corte Suprema, que otorgó la suspensión de las medidas cautelares y también otorgó “certiorari” para revisar el fondo de las decisiones de los tribunales inferiores.

Según la Fiscalía de Arizona, la intervención de los estados permitirá al alto tribunal resolver la legalidad de la norma.

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