El juez federal John A. Kronstadt determinó que la administración Trump deberá costear esta asistencia psicológica como una manera de reparar los efectos generados por la política de ‘tolerancia cero’. Además, señaló a la Casa Blanca de colocar deliberadamente a cientos de indocumentados en situaciones de peligro. Por su parte, expertos afirman que esta situación pudo haber dejado problemas “de por vida” en los niños que fueron alejados de sus seres queridos.