Miles de clínicas que reciben fondos federales para proveer servicios de planificación familiar bajo el Título 10 tendrán que responder si acatarán la nueva política de la administración, la cual les prohíbe emitir referencias de aborto a sus pacientes. De no cumplir con el reglamento dejarán de recibir subvenciones federales, lo que podría limitar el servicio para comunidades de bajos ingresos y que afectaría a 1.3 millones de latinas.