El Departamento de Justicia indicó que espera reivindicarse en litigios futuros después de que un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump que siga con el programa y acepte nuevos solicitantes y dio 90 días para que entregue mejores argumentos sobre el fin del programa, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos.