Una jueza federal en Washington determinó que el intercambio de información entre el IRS y el DHS solo podrá realizarse en casos de migrantes con antecedentes criminales, prohibiendo la transferencia masiva de datos fiscales. El fallo responde a una demanda de organizaciones civiles y ha sido interpretado como un triunfo legal parcial, aunque será apelado. La decisión genera preocupación entre inmigrantes indocumentados que temen el uso de sus datos tributarios.

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