Aseguran que la propuesta de requerir muestras de ADN, escaneos oculares y procesos de reconocimiento de voz puede transformarse en una violación a los derechos de los inmigrantes y ser una herramienta de observación y control. Activistas, además, alegan que esta medida impactaría a cerca de seis millones de personas en EEUU cada año.
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