Hicieron falta cerca de 473,000 votos, de los más de 12 millones exigidos para hacerla jurídicamente obligatoria. La consulta popular pretendía bajarle el sueldo a los congresistas, que presentaran sus declaraciones de bienes y renta, que la contratación estatal tuviera mayor control y que los parlamentarios no pudieran permanecer más de tres periodos seguidos en el Congreso, entre otros.